La Comisión de Derechos Humanos afirmó que el traslado y vertimiento ilícito de desechos tóxicos constituye una amenaza grave para el derecho a la vida, a la salud de las personas y a un medio ambiente sano, en particular, de los países en desarrollo que carecen de las tecnologías necesarias para el tratamiento de esos productos.

Invitó a las organizaciones internacionales vinculadas a la protección del medio ambiente a que intensifiquen su coordinación, cooperación y asistencia técnica para una gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos y los desechos peligrosos, incluida la cuestión de su movimiento transfronterizo.

Instó al Grupo de Trabajo a que continúe su examen sobre las aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo.

Hizo un llamamiento a todos los gobiernos, organizaciones y particulares para que examinen la posibilidad de aportar contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas.

Acogió con beneplácito la afirmación de la Asamblea General de que un objetivo principal del Decenio consiste en la adopción de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y en la posibilidad de crear un foro permanente para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.

Pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estudie la organización de un seminario para instituciones de investigación y de enseñanza superior centrado en la consideración de las cuestiones relativas a los pueblos indígenas. A esos fines, consideró necesaria la consulta con los pueblos indígenas y la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otros órganos competentes de Naciones Unidas.

Alentó a los gobiernos adoptar medidas nacionales tendientes a adoptar medidas para asignar a los pueblos indígenas más responsabilidad y una voz efectiva en la decisión de las cuestiones que les atañen.

Condenó los actos y actividades violentos que atenten contra los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia.

Reafirmó la obligación de todos los Estados y de la comunidad internacional de oponerse a todas las formas de discriminación, de proteger eficazmente los derechos de las minorías y de promover una cultura de promoción y protección mediante una educación que conduzca al pluralismo y al respeto por la dignidad del ser humano.

Pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que emprenda iniciativas educacionales y actividades de concientización pública en el marco del programa para el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos; y que preste asesoramiento a los países que lo soliciten para establecer salvaguardias eficaces para el pleno goce de los derechos humanos por todos los sectores de la población.

Ponderó el papel de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en las bases populares mediante actividades de concientización.

Felicitó al gobierno y a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firmantes del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, por el cumplimiento de todo lo relacionado con la finalización del conflicto armado interno, y expresó su respaldo por el avance obtenido en la implementación de los acuerdos de paz a los cuales consideró como positivos y necesarios para la consolidación de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos, particularmente los civiles y políticos.

Solicitó a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que realicen las reformas constitucionales pertinentes para que los acuerdos alcancen la validez jurídica-constitucional que requieren.

Reconoció el esfuerzo del gobierno en el campo de los derechos humanos y lo instó a intensificar las políticas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad pública y de administración de justicia, especialmente la lucha contra impunidad.

Solicitó la prórroga del convenio sobre la prestación de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos suscrito entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el gobierno de Guatemala, brindando asistencia a todos los organismos y organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Reafirmó que un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio constituye la base fundamental para lograr que la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

Reiteró que los alimentos no deben utilizarse como presión política y económica y reafirmó la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales y la necesidad de abstenerse de aplicar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas.

Reafirmó que el hambre constituye un ultraje y una violación de la dignidad humana y consideró intolerable que más de 800 millones de personas de todo el mundo, especialmente mujeres y niños, no dispongan de alimentos para satisfacer sus necesidades básicas.

Subrayó la necesidad de desplegar esfuerzos para movilizar y aprovechar al máximo los recursos técnicos y financieros de todas las fuentes e, incluso, aliviar la deuda externa de los países en desarrollo, con vistas a reforzar las políticas en pro de una seguridad alimentaria sostenible.

Reconoció que la carga del endeudamiento externo continúa siendo insostenible para los países en desarrollo, condicionando el crecimiento económico, social, científico y técnico, y expresó su preocupación por la continua reducción de la asistencia oficial para el desarrollo con las consecuencias negativas que ello acarrea para el nivel de vida de los habitantes.

Afirmó que la solución definitiva al problema se encuentra en el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo, que garantice a los países en desarrollo entre, otras cosas, un mejor acceso a los mercados, la estabilización de los tipos de cambio y de interés y el acceso a la tecnología de los países desarrollados.

Remarcó la necesidad de que los programas originados por la deuda externa tengan en cuenta las particularidades de los países deudores, así como la necesidad de incorporar la dimensión social del desarrollo.

Instó a los países acreedores y a las instituciones financieras internacionales a incrementar la asistencia en condiciones favorables, como medio de apoyar la aplicación de las reformas económicas, luchar contra la pobreza y lograr un crecimiento económico sostenido.

Reconoció la necesidad de una mayor transparencia en las actividades de las instituciones financieras internacionales.

Consideró necesario un diálogo político entre países acreedores y deudores en el marco del sistema de las Naciones Unidas, basado en el principio de los intereses y las responsabilidades compartidos.

Reafirmó el vínculo indisoluble que existe entre el pleno respeto de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el proceso de desarrollo, como así también la retribución justa de sus beneficios.

Hizo hincapié en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y que, por lo tanto, la protección y promoción de una categoría de derechos no exime o excusa a los Estados de la promoción y protección de otros.

Exhortó a los Estados a firmar y ratificar el Pacto, como así también a garantizar, con la asistencia y cooperación internacionales, el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, dando prioridad a las mujeres y niñas y a las comunidades que viven en pobreza extrema; para ello, los instó a que consideren la elaboración de planes nacionales donde se tomen medidas adecuadas para hacer efectivos niveles mínimos y esenciales de disfrute de estos derechos.

Decidió nombrar un relator especial por el término de tres años cuyo mandato se centraría en fortalecer el derecho a la educación, tal como se enuncia en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en informar acerca de la situación mundial del ejercicio del derecho a la educación, en especial, el acceso a la escuela primaria y la eliminación de todas las formas de discriminación en el acceso a la educación.

Tomó nota con preocupación de los atentados, cada vez más frecuentes, contra la independencia de los magistrados, abogados y personal judicial.

Invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que continúe prestando asistencia técnica destinada a capacitar profesionalmente a magistrados, y a que trabaje en la elaboración de un manual sobre la capacitación profesional en materia de derechos humanos.

Alentó a los países a tomar medidas para aplicar a fondo estos principios y a requerir los servicios del Relator Especial.

Reafirmó que ninguna persona debe ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que esos actos no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, ideología o interés supremo. En ese sentido, sostuvo que una sociedad que tolera la tortura no puede pretender que respeta los derechos humanos.

Destacó que toda denuncia de torturas debe ser examinada por autoridad nacional competente, que los responsables deben ser sancionados severamente, incluidos los funcionarios a cargo de la detención en que haya tenido lugar el acto prohibido, y que las víctimas deben obtener reparación así como servicios sociales y médicos apropiados de rehabilitación.

Subrayó que en virtud del artículo 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los actos de tortura deben ser tipificados como delitos en la legislación penal de los Estados. Asimismo, reafirmó que la tortura cometida durante un conflicto armado debe considerarse una grave violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus perpetradores deben ser objeto de enjuiciamiento penal y sanción.

Destacó la obligación de los Estados Partes, de conformidad con el artículo 10 de la Convención, de garantizar la educación y formación del personal que pueda participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a arresto, detención o prisión.

Exhortó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que proporcione servicios de asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de material didáctico apropiado a estos fines.

Solicitó al Relator Especial que siga examinando las cuestiones relativas a actos cometidos contra mujeres y niños, las condiciones en que se han cometido, y que formule recomendaciones adecuadas para su prevención y reparación.

Invitó a los gobiernos a que impartan capacitación sobre los derechos humanos en la administración de justicia, incluida la justicia de menores, a todos los jueces, abogados, fiscales, asistentes sociales y otros profesionales interesados, incluidos los agentes de policía y de migración, alentándolos a reforzar su capacidad e infraestructura, haciendo uso de la asistencia que ofrecen los programas de servicios de las Naciones Unidas.

Recomendó a los Estados que instauren los procedimientos y estructuras adecuados a fin de que los menores que hayan infringido la ley reciban la ayuda necesaria para asumir la responsabilidad de sus actos, la reparación y restitución con respecto a las víctimas del delito.

Instó a los Estados a que tomen medidas adecuadas para garantizar el principio de que solo como último recurso se debe privar de libertad a los niños y menores, y por el más breve período de tiempo que proceda, en particular antes del juicio.

Observó que las restricciones del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión pueden indicar un deterioro de la protección, del respeto y del disfrute de otros derechos y libertades.

Reafirmó que la educación es un componente integral de la participación plena y efectiva en una sociedad libre, en particular, del pleno disfrute del derecho a la libertad de opinión y de expresión, destacando como muy importante la erradicación del analfabetismo.

Expresó su preocupación por el gran número de casos de detención, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y hostigamientos. En particular, lamentó la aplicación indebida de las disposiciones legales sobre el delito de calumnia, así como las amenazas, actos de violencia y discriminación contra las personas que intentan ejercer este derecho, incluido el de buscar, recibir y difundir información.

Invitó al Relator Especial a que preste especial atención a la discriminación basada en el sexo, y a analizar la manera en que ésto constituye un obstáculo a su capacidad para adoptar, con conocimiento de causa, decisiones de esencial importancia para ella y sus comunidades.

Reconoció la valiosa contribución que pueden aportar las instituciones nacionales independientes y las organizaciones no gubernamentales en la esfera de derechos humanos.

Acogió con satisfacción las conclusiones de los seminarios regionales sobre diversas cuestiones de derechos humanos que se han celebrado en la región de Asia y el Pacífico, entre otros, el de Manila celebrado entre el 7 y el 11 de mayo de 1993, y el de Yakarta, celebrado entre el 26 y el 28 de enero de 1993.

Alentó a todos los Estados y organizaciones regionales a que elaboren programas para la educación en materia de derechos humanos en esa región.

Estimó que para que todos los hombres, mujeres y niños puedan realizar su pleno potencial humano se les debe dar a conocer todos sus derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; y que la educación constituye un importante vehículo para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades.

Acogió con satisfacción las medidas adoptadas por los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para aplicar el Plan de Acción y desarrollar actividades de información pública en la esfera de los derechos humanos.

Pidió a los órganos que se ocupan de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos que consideren la posibilidad de aprobar una observación general acerca de la educación sobre derechos humanos y que destaquen las obligaciones de los gobiernos al examinar los informes de los Estados Partes.

Solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que considere los medios adecuados, incluida la posibilidad de crear un fondo de contribuciones voluntarias, para apoyar las actividades de educación en la esfera de los derechos humanos, incluidas las emprendidas por organizaciones no gubernamentales.

Destacó que el objetivo de incorporar la perspectiva de género es alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer, y que ello implica que en todas las actividades de las Naciones Unidas se incorporen los derechos humanos de la mujer. Con este fin, pidió a todos los actores pertinentes que apliquen las conclusiones del Consejo Económico y Social a través de la adopción de políticas de incorporación de la perspectiva de género.

Instó a los Estados a limitar el alcance de cualesquiera reservas que se formulen a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que éstas sean lo más precisas posibles y que se examinen periódicamente con miras a retirarlas.

Señaló su inquietud por los problemas de seguridad padecidos por la sociedad haitiana, cuyas causas obedecen, entre otras, a la difícil situación social y económica del país.

Reiteró la importancia que tienen los trabajos emprendidos por la Comisión de la Verdad y de la Justicia para la realización de un proceso real y efectivo de transición y reconciliación nacional, e instó al gobierno a emprender procesos judiciales contra los responsables identificados por dicha Comisión y a crear estructuras efectivas de apoyo a las víctimas.

Alentó a los dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil a proseguir un diálogo en busca de un acuerdo en la designación del Primer Ministro.

Exhortó a las autoridades a consolidar la reforma y el fortalecimiento del sistema judicial y el mejoramiento de las cárceles del país.

Expresó su profunda preocupación por los informes sobre ejecuciones arbitrarias y sumarias, torturas, y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; por la violencia ejercida, en particular, contra las mujeres y los niños; así como por falta de un sistema judicial imparcial.

Instó a todas las partes a que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario relativo a los conflictos armados internos; a que apoyen el restablecimiento del estado de derecho en el país, en particular, con respecto a la justicia penal; y a que protejan al personal de socorro humanitario de Naciones Unidas y de ONG´s.

Exhortó a todas las partes en conflicto a que se empeñen en lograr una solución pacífica a la crisis.

Acogió con satisfacción el compromiso declarado por el gobierno de Nigeria de establecer el gobierno civil, la democracia multipartidaria y la libertad de reunión, de prensa y de actividades políticas para el 1° de octubre de 1998, y recordó la declaración realizada en este sentido el 1° de octubre de 1995.

Expresó su preocupación por las continuas violaciones a los derechos humanos, especialmente por las detenciones arbitrarias, los numerosos militares y civiles procesados sin acceso a un abogado, por el presunto intento de golpe de Estado, así como por las condiciones de las instituciones penitenciarias que ponen en riesgo la vida de las personas detenidas en ellas.

Instó al gobierno a que asegure la observancia de los derechos humanos, entre otras cosas, respetando la vida, excarcelando los presos políticos, garantizando especialmente la libertad de prensa, de opinión y asociación y el respeto por las minorías; que derogue todos los decretos que suspenden la competencia de los tribunales, asegurando la celebración rápida e imparcial de todos los juicios; que garantice las condiciones y trato dado a los presos; que cumpla las obligaciones que contrajo libremente con arreglo a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y con las decisiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Recordó las resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se pidió la libertad de todos los kuwaitíes y nacionales de otros países que todavía permanecían detenidos; se exigió el fin de la represión contra la población civil; y se insistió en la cooperación de Iraq con las organizaciones humanitarias.

Expresó su preocupación por las conclusiones del Relator Especial en ese país, donde advierte que no se ha observado ninguna mejora en la situación de los derechos humanos.

Condenó enérgicamente las gravísimas violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; la supresión de la libertad de expresión, creencias, reunión y circulación bajo amenaza de detención y pena de muerte; las ejecuciones sumarias y arbitrarias; la inobservancia generalizada de las garantías procesales; la práctica generalizada de la tortura sistemática en sus formas más crueles; y la promulgación y aplicación de decretos en las que se prescriben castigos crueles e inhumanos.

Exhortó al gobierno a que cumpla las obligaciones contraídas voluntariamente en virtud de los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, a fin de: garantizar los derechos de todas las personas independientemente de su origen, etnia, sexo o religión; poner en consonancia las acciones de sus fuerzas militares y de seguridad, restableciendo la independencia del poder judicial; derogar todas las leyes que concedan impunidad a fuerzas o personas responsables de muertes ajenas a la administración de justicia; derogar todos los decretos que prescriben penas y tratos crueles inhumanos o degradantes, en particular, la mutilación.

Observó con preocupación las constantes denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, en particular, detenciones sin juicio, desplazamiento forzado de personas y torturas, y que esas prácticas han sido perpetradas por agentes del gobierno, o con su conocimiento.

Tomó nota del establecimiento de comités internacionales para la educación en materia de derechos humanos, y de los nuevos esfuerzos que se centran en la rehabilitación de los niños de la calle y la reunión de los mismos con sus familias.

Expresó profunda preocupación por las actividades de todas las partes en conflicto tales como: el secuestro, el tráfico y venta de niños, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzoso de personas hacia países vecinos, así como el hecho de no salvaguardar a los prisioneros de guerra.

Instó al gobierno a que se establezca una cultura de tolerancia y no discriminación religiosa, que ponga en libertad a todos los presos políticos, que ponga fin a todos los actos de tortura, que clausure los centros de detención clandestinos y que garantice los derechos de las personas detenidas.

Instó al gobierno a cooperar en la investigación sobre denuncias de casos de esclavitud, trata de personas, trabajo forzoso, y a tomar medidas apropiadas para poner fin a estas prácticas.

Tomó nota con satisfacción del empeño del gobierno en promover el respeto a los derechos humanos, acabar con la impunidad, y por los esfuerzos realizados para consolidar la paz y la estabilidad, fomentar la unidad y la reconciliación, y lograr el regreso en masa de más de un millón de refugiados rwandeses.

Acogió con beneplácito la reestructuración en marcha del sistema judicial, pero exhortó al gobierno a que conceda máxima prioridad al procesamiento penal y sanción de los delitos de agresión sexual cometidos contra las mujeres.

Reiteró su enérgica condena del delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y demás violaciones a los derechos humanos perpetrados en Rwanda y expresó su preocupación por la persistencia de los mismos.

Condenó la continuación de los actos de violencia y genocidio perpetrados por integrantes de las fuerzas armadas rwandesas y grupos insurgentes, y su influencia negativa en el proceso de reconciliación y paz.

Condenó, asimismo, la distribución ilícita de armas que atentan contra la paz y la estabilidad.

Alentó al gobierno a proseguir sus esfuerzos para mejorar el bienestar social, la condición y el papel de las mujeres, especialmente, las sobrevivientes del genocidio y las mujeres repatriadas.

Expresó su preocupación por el hecho de que los autores del genocidio sigan evadiendo la justicia. Con este fin, reiteró su petición de que todos los Estados cooperen con el Tribunal Internacional para Rwanda para lograr el enjuiciamiento de los culpables, conforme a los principios internacionales en materia de garantías procesales.

Mostró preocupación por: el constante empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el país, haciendo especial mención de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas; la intensificación de las hostilidades armadas, que han causado grandes desplazamientos forzosos por motivos étnicos; los informes de matanzas en masa y asesinatos cometidos por combatientes contra la población civil y los prisioneros de guerra; el marcado empeoramiento de la situación humanitaria y el constante desplazamiento de millones de refugiados afganos; los informes acerca de la destrucción y el saqueo del patrimonio cultural e histórico del Afganistán; y por la ausencia de un esfuerzo en pos de la reconstrucción.

Condenó las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, especialmente el empleo de armas contra la población civil, la colocación de minas antipersonales y el reclutamiento de niños como paracombatientes.

Exhortó a todas las partes a que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos de la mujer y de las niñas, especialmente, anulando las medidas legislativas discriminatorias; incentivando la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida del país; y respetando su derecho al trabajo, a la educación y a la seguridad de su persona.

Celebró la liberación de prisioneros de guerra y pidió la puesta en libertad incondicional de los que aún queden detenidos.

Asimismo, pidió al Secretario General que siga investigando las informaciones acerca de la matanza de prisioneros de guerra y de civiles y los casos de violación.

Expresó su preocupación por la situación de absoluta pobreza, hambruna, enfermedad, falta de vivienda adecuada, analfabetismo y desesperanza que siguen padeciendo más de mil millones de personas.

Destacó la importancia de crear un ámbito económico, político, social, cultural y legal que permita a las personas, tomando en consideración los intereses de ambos sexos, alcanzar el desarrollo social. Subrayó, sin embargo, que para ello es necesario, además de políticas nacionales eficaces, un entorno económico favorable y equitativo en el plano internacional.

Reiteró que la esencia de este derecho radica en el principio de que la persona humana es el sujeto central del desarrollo y que el derecho a la vida incluye el de vivir en condiciones dignas.

Señaló que existe una disparidad inaceptable entre países desarrollados y en desarrollo; que muchos de éstos últimos corren riesgo de no poder incorporarse al proceso de mundialización; y que si no se cumplen las expectativas de desarrollo, los países democráticos pueden ver reavivadas fuerzas no democráticas en virtud de que no se cumple con la reestructuración social esperada.

Destacó como necesario entablar un diálogo con el Banco Mundial acerca del derecho al desarrollo e informar regularmente a los Estados Miembros de los progresos conseguidos.

Destacó la necesidad de centrar los esfuerzos en: el insuficiente respeto de los derechos humanos de todas las personas; el regreso de los refugiados y desplazados; el fortalecimiento del estado de derecho y la administración de justicia; la falta de libertad e independencia de los medios de comunicación; y en la inadecuada cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Acogió con satisfacción los progresos realizados en algunas esferas en la aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, en especial, en lo que concierne a la libertad total de acceso de las instituciones y organizaciones internacionales.

Destacó la responsabilidad de asegurar la realización progresiva de los objetivos democráticos en Bosnia para construir una sociedad tolerante y multiétnica, a través del esfuerzo conjunto del gobierno, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales.

Pidió al gobierno de Bosnia y Herzegovina que adopte las medidas necesarias para reformar y reestructurar las fuerzas policiales y para brindar capacitación en derechos humanos; que invierta los efectos de la "limpieza étnica" a fin de permitir el regreso de las personas desplazadas; y que pongan fin a las prácticas de discriminación basadas en motivos étnicos o políticos.

Instó a los tres Estados a respetar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas y refugiadas para su regreso al hogar; a que garanticen la libertad de asociación y de prensa; y que procedan a la detención y entrega para su enjuiciamiento a todas las personas procesadas por el Tribunal Penal.

Exhortó al gobierno de Croacia a aplicar plenamente la Ley de Amnistía del 25 de septiembre de 1996.

Lamentó que la República Federativa de Yugoslavia sólo haya cumplido en parte las recomendaciones hechas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en lo concerniente a promover la democracia y el Estado de derecho, y su negativa expresa a permitir una visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Instó al gobierno de la República Federativa de Yugoslavia a cumplir con su obligación de cooperar con el Tribunal; a desplegar esfuerzos para consolidar la democracia y una mejor administración de justicia; a cesar las torturas y los malos tratos a las personas detenidas; y a que tome medidas con respecto a la represión contra la población de etnia albanesa.

Instó a la comunidad internacional a que establezca salvaguardias apropiadas para garantizar el trato justo y equitativo de las personas refugiadas y a que continúe apoyando a las fuerzas nacionales democráticas existentes.

Pidió a todas las partes que realicen esfuerzos para facilitar las actividades de los familiares de personas desaparecidas; que faciliten información sobre las listas concretas de detenidos de paradero desconocido presentadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja; que cumplan sus obligaciones de investigar las desapariciones forzosas; y que respalden el proceso de reconciliación de los diferentes grupos étnicos.

Celebró la decisión del gobierno de entablar un proceso de paz global cuyo principal objetivo es la apertura de las negociaciones políticas en el plano nacional, abierta a todas las partes.

Tomó nota del proceso de desmantelamiento de los campamentos de reagrupamiento y exhortó al gobierno a desmantelar los restantes a fin de permitir el regreso de las personas desplazadas.

Pidió encarecidamente a todas las partes en conflicto que pongan fin a la violencia y a las matanzas, en particular, la violencia indiscriminada contra la población civil.

Expresó su preocupación por el reclutamiento forzado y el rapto de niños e instó al gobierno a adoptar medidas contra esa tendencia, teniendo presente la no militarización de la población.

Tomó nota de los esfuerzos desplegados por el gobierno para lograr que se respeten las garantías legales existentes, a fin de garantizar los derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario. No obstante, observó con preocupación las condiciones de detención, en particular de las personas condenadas a muerte.

Invitó al gobierno a adoptar más medidas en el ámbito judicial para poner fin a la impunidad, en particular, con respecto a los autores de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.