Examen de los informes presentados por los Estados Partes, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Comité destacó el interés del Estado por reforzar la condición jurídica del Comité Senegalez de Derechos Humanos, la participación en el mismo de ONG´s y la efectiva promoción de estos derechos.

Se mostró complacido por la creación del Comité Interministerial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

En materia constitucional, consideró favorable la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional frente a la violación de derechos humanos y la posible determinación de inconstitucionalidad de ciertas resoluciones adoptadas por el gobierno del país a fin de dar solución al caso Kone c/ Senegal, tendiente al cobro de una indemnización.

Entre las cuestiones preocupantes, se destacó la existencia de ciertas actitudes respecto de la mujer consideradas discriminatorias y violatorias de la dignidad humana como la mutilación genital femenina, la mortalidad femenina resultante de ella y la maternidad precoz. Asimismo, instó a solucionar la situación de violencia doméstica y fomentar la educación y protección de la mujer.

Destacó con preocupación la falta de un plazo máximo de duración de la prisión preventiva que puede sufrir un procesado, por lo cual solicitó se establezcan estos criterios, como así también la adopción de medidas tendientes a mejorar la realidad carcelaria.

Finalmente, recomendó se garantice el derecho a las minorías tanto religiosas como étnicas a la libre asociación y al trabajo.

Aceptó con agrado la creación de la Junta de Denuncias Públicas contra la Policía, la cual permite a los ciudadanos pedir una reparación en caso de haber sufrido abusos por parte del personal policial. Destacó la promulgación de la Ley de Delitos que prevé la clasificación de los delitos, el establecimiento de períodos mínimos de cumplimientos de penas y el establecimiento de un sistema de apelaciones a fin de conmutar las penas capitales que se hayan impuesto.

Destacó que el Estado haya implementado una serie de medidas para modernizar las instituciones carcelarias, si bien lamentó la deficiente situación sanitaria de las mismas, la inadecuada alimentación de los reclusos, la falta de asistencia jurídica y de capacitación para el personal penitenciario.

Sin duda fueron desalentadoras la denuncia del Protocolo Facultativo por parte del Estado Nacional.

Afirmó que fue muy difícil destacar los aspectos positivos del informe presentado en razón de que ocho años de guerra con la República Islámica de Irán y el conflicto consecutivo a la invasión de Kuwait, ha causado la destrucción de un sector del país y grandes sufrimientos humanos, produciendo una situación socioeconómica adversa, en particular, por las sanciones y los bloqueos que causaron la muerte de muchos niños; sin embargo, destacó la gestión del Estado a fin de limitar los casos de aplicación de pena de muerte y la pena de amputación.

Repudió el hecho de que el poder del gobierno de Irak esté concentrado en el Ejecutivo sin la posibilidad de someterlo a control, facilitando la violación de los derechos consagrados en el Pacto, en especial, lo relativo a las torturas, malos tratos y desapariciones.

Destacó con preocupación la ampliación de la categoría de delitos punibles con la pena capital.

Asimismo, prestó atención a la situación de discriminación padecida tanto por la mujer como por las minorías étnicas y religiosas y bregó por su eliminación, al igual que por la eliminación de los Tribunales Especiales, los que discrecionalmente imponen la pena de muerte.

Finalmente, instó a la adopción de medidas tendientes a garantizar la libertad de prensa y expresión.

Si bien es cierto que los conflictos armados que estallaron el la zona meridional de Sudán como así también las diferencias culturales, raciales y religiosas dificultaron la aplicación del Pacto, el Comité acogió con agrado los acuerdos de paz concertados por el Estado a fin de resolver los conflictos.

Destacó la formulación de una nueva Constitución y el establecimiento de una democracia plural.

Consideró sumamente importante la abolición de las penas de flagelación, amputación y lapidación, en razón de ser incompatibles con el Pacto. Asimismo, instó al gobierno a prohibir los matrimonios precoces, los abortos clandestinos y la mutilación genital femenina, causales todas de mortalidad materna.

Se mostró preocupado por la actual vigencia de discriminación contra la mujer al momento de la elección del esposo, la cual es realizada por un tutor.

En materia de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones exhortó al gobierno a adoptar el mecanismo necesario para su investigación en colaboración con ONG´s y la posibilidad de otorgar una indemnización a las víctimas de estos hechos.

Consideró una falencia que el Presidente de la República extendiese excesivamente el plazo de la prisión preventiva y solicitó la implementación de un procedimiento de revisión de las penas.

Respecto de la situación penitenciaria, ordenó la implementación de un sistema tendiente a mejorar la realidad de las cárceles.

Por último, instó a la creación de un órgano encargado de recibir denuncias civiles contra la policía por abuso de poder.

El Comité celebró la adhesión del Estado al Pacto y a otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como así también la reforma penal realizada, cuyo resultado fue la abolición de la pena de muerte. Tomo nota con gran interés de la importante reforma legislativa y judicial a través de la derogación de ciertas leyes y la promulgación de otras tendientes a la protección de la niñez y los discapacitados y por la creación del Comité de Derechos Humanos y Civiles y Asuntos de las minorías étnicas.

Entre los aspectos preocupantes, mencionó la falta de concordancia entre la legislación interna y la internacional, la fuerte discriminación imperante respecto de la mujer y la violencia a la que son sometidos los niños.

Preocupó la actitud de los miembros de la policía, quienes suelen utilizar la tortura entre los detenidos.

Finalmente, insistió en la eliminación de la discriminación en razón del credo y en la posibilidad de prestar servicios alternativos al servicio militar en casos de objeción de conciencia.

El Comité observó que a consecuencia de los acontecimientos acaecidos en 1974, del cual resultó la ocupación del territorio, el Estado todavía no puede ejercer un control pleno ni garantizar la aplicación del Pacto. Acogió con agrado el establecimiento del Comisionado de la Administración encargado de investigar todo tipo de abuso, e instó a garantizar la punición de estos actos. Asimismo, felicitó al Estado por la intención de averiguar el paradero de ciudadanos greco-chipriotas desaparecidos.

Lamentó la notoria desigualdad vigente entre hombres y mujeres y bregó por su erradicación tanto en materia laboral como educativa y social.

Mostró preocupación por la falta de armonía entre la legislación nacional e internacional, como así también por el límite de responsabilidad penal fijado en siete años.

Finalmente, recomendó la realización de campañas educativas sobre derechos humanos en las distintas esferas de la sociedad.

El Comité acogió con beneplácito la enmienda constitucional tendiente a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Felicitó al gobierno por: la creación de la Oficina del Mediador encargada de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos; por la capacitación que realizaron los miembros de la policía por intermedio de la ONG´s; y por las importantes campañas de educación sobre derechos humanos para policías, jueces y abogados.

Condenó la realización de ciertas prácticas como la explotación de los niños y la mutilación genital femenina, cuestión esta última que evidencia la difícil situación que atraviesa la mujer.

Repudió, asimismo, la aplicación de malos tratos y la deplorable situación de las prisiones.

En materia penal instó al Estado a reducir el número de delitos sancionados con la pena capital.

Excelente recepción tuvo la labor del Estado tendiente a compatibilizar su legislación con las disposiciones del Pacto, así como la amplia tarea destinada a capacitar a todos los encargados de aplicar la ley.

Expresó su honda preocupación por la ausencia de recursos efectivos para reclamar ante la violación de los derechos humanos y resaltó la necesidad de establecer constitucionalmente cuáles derechos son los que pueden suspenderse al decretarse el estado de emergencia.

Se mostró preocupado por la posibilidad de extender indefinidamente el plazo de prisión preventiva.

Finalmente, destacó las falencias del nuevo Código del Menor, el cual carece de protección para el recién nacido y para las madres solteras.

El Comité acogió con agrado la reforma del procedimiento penal tendiente a garantizar la celeridad en la presentación ante los tribunales y la comunicación con el defensor.

Resaltó el hecho de que se garantizara a los pueblos Sami y Romani la posibilidad de desarrollar su cultura e idioma. En ese sentido, solicitó que se apruebe con celeridad la ley de los Sami por la cual se les haga entrega de la propiedad de las tierras que habitan

Tomó nota con satisfacción de los esfuerzos del Estado a fin de salvaguardar la integridad de las mujeres y los niños y el establecimiento de centros de refugios para ellos.

Entre las recomendaciones y motivos de preocupación, destacó la necesidad de instaurar un sistema de indemnizaciones para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Principal atención se prestó a la situación de discriminación existente contra las mujeres respecto a su trabajo y remuneración, como así también a la padecida por los inmigrantes en materia religiosa.

Destacó la promulgación de la nueva Constitución del Estado, la cual amplió considerablemente el número de disposiciones que tutelan los derechos humanos y la posibilidad de percibir una indemnización ante la violación de los mismos. Asimismo, felicitó al Estado por la creación de los recursos de hábeas data, hábeas corpus y amparo y por la separación entre la jurisdicción militar y la civil.

Resaltó la amplia tarea del Estado para brindar educación en materia de derechos humanos destinada a sectores de la sociedad, como abogados y fuerzas de seguridad.

Especial atención consitó la situación que padece la mujer, quien es víctima de violencia y protagoniza un elevado índice de suicidio, en especial de adolescentes.

Instó al Estado a agilizar los procesos judiciales, garantizándose el principio de ser juzgado en tiempo razonable.
Respecto a la situación de los niños, recomendó que se faciliten al Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil los medios necesarios para terminar con la explotación de los mismos.

En cuanto a las minorías indígenas recomendó la adopción de medidas que garanticen el disfrute de sus derechos, especialmente en lo relativo a la conservación de su identidad cultural y sus costumbres.

Por último invitó a fomentar la promoción de los derechos humanos a fin de que sean respetados por todos.

El Comité felicitó al Estado por el afianzamiento de las instituciones democráticas y por la importante gestión de las ONG´s especialmente relacionadas con los derechos humanos.

Destacó como positiva la creación de distintos órganos como el Defensor del Pueblo encargado de la recepción e investigación de denuncias contra la policía y la Comisión de la Knesset para el Adelanto de la condición jurídica y social de la mujer.

Recomendó la adopción de un programa a fin de lograr la armonía entre la legislación interna y el Pacto.

En cuanto a los territorios ocupados por el Estado Israelí reafirmó que la aplicación de las normas de derecho internacional humanitario no son contradictorias al Pacto.

Expresó su preocupación por la existencia de leyes y prácticas sociales discriminatorias tanto contra israelíes de origen árabe como hacia los beduinos, en relativo al acceso a los servicios de salud, a la vivienda y a las tierras.

Afirmó que al igual que en muchos Estados, la mujer es víctima de un trato desigual especialmente en el área política.

Destacó como preocupante la situación de los palestinos que han sido víctimas de ataques terroristas produciéndose gran cantidad de víctimas y destrucción de hogares.

Lamentó que se prive a las víctimas de la indemnización en virtud de los abusos producidos por la policía y por la utilización de torturas durante los interrogatorios.

En materia de detenciones, exhortó al gobierno a revisar judicialmente las condiciones de las mismas.

Por último, expresó con pesar la existencia de limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos como el de circulación y especialmente el derecho de residencia de los árabes.

El Comité destacó positivamente las resoluciones tendientes a garantizar la libertad de expresión y la religiosa.

Manifestó su adhesión a la decisión del Estado de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo y especialmente por la adopción de medidas que penalizan la trata de personas y la prostitución. En ese sentido, destacó la creación del Ministerio de Igualdad de Oportunidades a fin de hacer operativa la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.

Entre los aspectos desfavorables, lamentó la ausencia de sanciones frente a los abusos del personal de seguridad, por la falta de asesoramiento jurídico y por los extensos plazos de la prisión preventiva. En ese sentido, solicitó se garantice la celeridad y eficacia de los procesos civiles y penales.

Finalmente, lamentó la carencia de tipificación de la tortura en los términos del derecho internacional, la falta de sanción ante los casos de violencia familiar y la desprotección de la minorías religiosas y linguisticas.

A pesar de la violencia imperante en el Estado, resaltó el establecimiento del Organo Nacional de Vigilancia de los Derechos Humanos y, en especial, la creación del Comité Nacional para la Protección y Adelanto de la Mujer.

Lamentó la gran matanza que ha padecido la población del país y las graves violaciones que sufren las mujeres. Manifestó la necesidad de arbitrar los medios aptos a fin de investigar y sancionar estos actos.

Instó al Estado a adoptar un sistema de vigilancia adecuada para los detenidos a fin de evitar la práctica de torturas y lograr una efectiva investigación. Frente al gran índice de desapariciones bregó por el desarrollo de una campaña para esclarecer estos hechos.

En materia penal, lamentó la amplitud de los delitos penados con la pena capital, la cual incluso se impone a menores.

Especial atención consitó la restricción de la libertad de expresión en cuanto a la difusión de denuncias sobre corrupción y solicitó una protección especial para periodistas víctimas de atentados.

Para finalizar recomendó la implementación de una adecuada campaña de promoción y educación en materia de derechos humanos.