Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo a la Convención de los Derechos del Niño

En cuanto a los aspectos positivos acogió con beneplácito la reciente aprobación del Plan Nacional de los Derechos Humanos en marzo de 1998.

Observó con reconocimiento la promulgación de la nueva Constitución, que comprende disposiciones para la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellos los derechos del niño.

Tomó nota con reconocimiento de la creación del programa "Alcaldes Defensores de los Niños".

Acogió con beneplácito la puesta en práctica de programas de cooperación internacional para facilitar la plena aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, especialmente en lo que se refiere a capacitación.

Se congratuló de la adhesión del Estado Parte (1995) al Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, y al Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

En cuanto a los factores y dificultades que impiden la aplicación de la Convención, tomó nota de que los desastres naturales, en particular el fenómeno climatológico denominado "El Niño", han perjudicado a los sectores más vulnerables, incluidos los niños.

Tomó nota de que la pobreza generalizada, las disparidades socioeconómicas y las desigualdades en la distribución de la tierra, afectan a los grupos más vulnerables, incluyendo a los niños.

En cuanto a los motivos de preocupación, lamentó las disparidades que sigue habiendo entre los principios y disposiciones de la Convención y la legislación nacional, por lo cual recomendó se tomen medidas al respecto.

Expresó su preocupación por la falta de la debida coordinación entre las distintas entidades gubernamentales que se ocupan de los problemas de los niños. Recomendó que se tomen nuevas medidas para reforzar los mecanismos de coordinación. Señaló, también, que deberían incrementarse los esfuerzos para lograr una mayor cooperación con las ONG’s.

Lamentó los recientes cortes presupuestarios que han obstaculizados la puesta en prácticas de programas sociales, especialmente para niños. Instó al Estado Parte a prestar particular atención a la plena aplicación del art. 4 de la Convención. En este sentido, deberían preverse las asignaciones presupuestarias que permitan la realización de los derechos económicos sociales y culturales, hasta el máximo de los recursos de que se disponga, teniendo presentes los principios de no discriminación y del interés superior del niño (art. 2 y 3).

Aunque reconoció los esfuerzos realizados, sigue preocupado por la falta de capacitación adecuada y sistemática de los grupos profesionales que trabajan con y para los niños. Alentó al Estado Parte a redoblar los esfuerzos para difundir los principios y disposiciones de la Convención. Recomendó, asimismo, la realización de cursos de capacitación para grupos de profesionales tales como abogados, miembros de las fuerzas armadas, funcionarios públicos y personal del servicio de salud.

Por lo que respecta a la aplicación del art. 1 y conexos, relativos a la definición del niño, expresó su preocupación por las disparidades que existen en la legislación nacional. Se mostró preocupado por el uso del criterio biológico de la pubertad para fijar distintas edades de madurez en las niñas y niños.

Si bien reconoce las mediadas adoptadas, sigue preocupado por el predominio de la discriminación basada en el origen étnico, el sexo, la condición social y las discapacidades. Expresó su preocupación por el aumento de las disparidades entre las zonas rurales y urbanas, así como por el aumento de la población que vive en zonas urbanas pobres y marginales. En este sentido recomendó, a la luz del art. 2, que se tomen las medidas posibles para reducir estas disparidades económicas y sociales.

Le preocupó que los principios generales del interés superior del niño (art. 3) y del respeto de las opiniones del niño (art. 12), no se apliquen plenamente ni se integren a las políticas y programas del Estado Parte. Recomendó que se sigan desplegando esfuerzos para que se tengan plenamente en cuenta estos principios en las leyes nacionales, como así también el derechos del niño a participar en la familia, en la escuela y en la sociedad en general. Estos deberían también recogerse en los programas, políticas y decisiones administrativas referentes a los niños.

Si bien tomó nota de las mediadas adoptada, sigue preocupado por la falta de conciencia y comprensión de los procedimientos de registro, particularmente en las zonas rurales. En virtud del art. 7, recomendó que se prosiga con los esfuerzos para lograr el registro de todos los niños tan pronto nazcan.

Se mostró profundamente preocupado porque, según se dice en el Informe del Estado Parte, "el maltrato infantil es una práctica culturalmente aceptada y justificada". En este sentido expresó su preocupación por la insuficiente sensibilización por las consecuencias nocivas del maltrato y de los abusos, incluido el abuso sexual.

Son también motivos de preocupación la insuficiencia de recursos, la escasez de personal capacitado, las insuficientes medidas y servicios de rehabilitación para los niños maltratados y las limitadas posibilidades de estos de acudir a la justicia.

Recomendó al respecto que se tomen las mediadas adecuadas, tales como establecimientos de programas sociales y la introducción de medidas de rehabilitación. Asimismo sugirió que se mejore la aplicación de la ley para castigar los delitos así cometidos, y que se establezcan procedimientos y mecanismos adecuados para atender a las denuncias de maltrato a los niños. Deberían establecerse programas de erradicación de las actitudes tradicionales de la sociedad respecto de esta cuestión.

Si bien reconoció los esfuerzos realizados para frenar la tasa de mortalidad infantil y de los niños menores de 5 años, sigue preocupado por la prevalencia de la malnutrición, las altas tasas de mortalidad materna y las dificultades para recibir servicios de salud en las zonas rurales alejadas. Sugirió que se asignen los recursos adecuados para que todo niño pueda recibir atención sanitaria básica. En particular es preciso desplegar esfuerzos para combatir la malnutrición y lograr la adopción y aplicación de una política nutricional par los niños. Se recomendó la cooperación internacional para el establecimiento de programas como el de la OMS y el UNICEF.

En cuanto a la salud de los adolescentes, se encuentra particularmente preocupado por le aumento en la ya de por sí alta tasa de embarazos en la adolescencia, la incidencia de los suicidios de muchachas y la insuficiencia del acceso a los servicios de asesoramiento y educación sobre la salud reproductiva. También se vio preocupado por la alta tasa de abuso de sustancias. Recomendó que se sigan tomando medidas para crear servicios de asesoramiento, así como instalaciones para la atención y rehabilitación del adolescentes. Deberían tomarse mediadas para prevenir y combatir el abuso de sustancias entre los adolescentes.

Expresó su preocupación por la alta incidencia de los peligros ambientales, sobre todo en las explotaciones petrolíferas en la región de la Amazonia. A la luz del art. 24, c), recomendó que se tomen las medidas adecuadas para prevenir y combatir los efectos nocivos de la degradación del medio ambiente, incluida la contaminación, sobre los niños.

Respecto de la aplicación del art. 27, expresó su preocupación por la pobreza generalizada y el deterioro de las condiciones de vida que afectan a la mayoría de la población. Recomendó que se tomen medidas amplias para crear programas de mitigación de la pobreza, especialmente para con los grupos de niños más vulnerables.

Aunque es consciente de los logros alcanzados, sigue preocupado por la alta tasa de abandono escolar entre la escuela primaria y secundaria y por la alta tasa de repetición a ambos niveles, por las disparidades entre los sexos en los ingresos en las escuelas secundarias y por las disparidades en el acceso a la educación en las zonas rurales y urbanas. Recomendó que se tomen medidas, especialmente establecer programas de retención y de formación profesional para jóvenes que hayan abandonado la escuela.

En virtud del art. 31, recomendó al Estado Parte que fortalezca sus medidas para mejorar el acceso de los niños al esparcimiento y a las actividades creativas y culturales.

Si bien tomó nota de las políticas adoptadas, sigue preocupado por la falta de disposiciones específicas en su legislación nacional sobre los derechos de los niños que solicitan asilo y los niños refugiados, y sobre el derecho de reunificación de las familias. A tenor del art. 22 recomendó al Estado Parte la adopción de medidas adecuadas a fin de adecuar la legislación. Puede recurrirse para tal fin a la asistencia técnica del ACNUR.

Le preocupó la insuficiencia de las medidas sobre el problema del trabajo infantil y la explotación económica de los niños, incluido el trabajo doméstico y la explotación sexual de menores. Expresó además su preocupación por el aumento de los niños que viven y/o trabajan en las calles. Recomendó que se preste una especial atención a la investigación y vigilancia de esta problemática y que se elaboren políticas nacionales de prevención y eliminación de las formas más peligrosas de trabajo infantil. Sugirió que se solicite asistencia técnica a la OIT.

Tomó nota de los esfuerzos realizados para combatir el tráfico y venta de niños, pero sigue preocupado por la falta de medidas preventivas en esta esfera Recomendó que se tomen medidas urgentes al respecto y especialmente con el tráfico de niñas con el fin de trabajar en los países vecinos, particularmente en la prostitución.

A la luz del art. 34 y conexos de la Convención, recomendó al Estado Parte a que refuerce el marco legislativo para proteger plenamente a los niños de todas las formas de abuso sexual o de explotación, incluso dentro de la familia. Recomendó que se sigan aplicando las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción aprobado en el Congreso Mundial de Estocolmo de 1996 contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños.

En lo que respecta al sistema de justicia de menores expresó su preocupación por las incompatibilidades existentes del mismo con los art. 37, 39 y 40 de la Convención y con otras normas pertinentes tales como las Reglas de Beijin, las Directrices de Riad y las Reglas de las naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Especialmente se mostró preocupado por la no aplicación como último recurso de la pena privativa de libertad, también por la lentitud con que se tramitan los casos, por la insuficiente provisión de asistencia jurídicas y por la situación de los niños menores de 7 años que viven en las cárceles con uno de sus progenitores. Recomendó que se tomen nuevas medidas a fin de garantizar la compatibilidad del sistema judicial de menores con los principios y disposiciones de la Convención. Señaló que es de suma importancia velar por que la pena privativa de libertad sea utilizada solo como último recurso y que se prevea la asistencia alternativa, por ejemplo en hogares de guarda, para los niños que viven en las cárceles con sus progenitores. Asimismo deberían organizarse programas de capacitación para profesionales que trabajan en el sistema.

Dentro de los aspectos positivos, observó que la convención tiene aplicación automática dentro del Estado Parte y que las disposiciones de la misma pueden invocarse dentro de los tribunales.

Tomó nota de la preparación de un Plan Nacional de Acción para el Niño y acoge con beneplácito el programa de salud reproductiva ejecutado por la Asociación para la Planificación Familiar y el Ministerio de Sanidad. También acogió con satisfacción la introducción de la educación obligatoria y la preparación de un programa para luchar contra el analfabetismo.

En cuanto a los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención, observó que el embargo impuesto por el Consejo de Seguridad ha afectado negativamente la economía en muchos aspectos de la vida diaria, lo que impide que la población, especialmente los niños, gocen plenamente de los derechos de supervivencia, la salud y la educación.

Observó que el territorio septentrional no está actualmente administrado por las autoridades del Estado Parte, por consiguiente la falta información que preocupa al Comité.

Respecto de los temas de preocupación y recomendaciones, observó con preocupación la reserva al párr. 1, art. 14, por lo cual a la luz de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, alentó al Estado Parte a considerar la posibilidad de revisar la reserva con miras a retirarla.

Si bien observó que se ha preparado un marco legislativo sustantivo, sigue preocupado porque los principios y disposiciones de la Convención no se reflejan plenamente en el derecho. Recomendó que se tomen las medidas adecuadas para iniciar, en los casos necesarios, un proceso de reforma legislativa, por ejemplo aprobando un Código de la Infancia.

Recomendó también que se considere la posibilidad de introducir algunas políticas y programas que garanticen el cumplimiento de la ley y la aplicación de la legislación existente.

En cuanto a la coordinación de programas y políticas, se mostró preocupado por la insuficiente coordinación que existe entre los distintos órganos y organismos que trabajan con y para el niño. Recomendó medidas encaminadas a fortalecer la coordinación entre estos órganos, y que se realicen mayores esfuerzos para lograr una mejor cooperación de las ONG´s.

Expresó su preocupación por la falta de un mecanismo independiente encargado de registrar y resolver quejas de niños sobre violaciones de sus derechos. Recomendó que se remedie esta situación.

A la luz del art. 4, se mostró preocupado porque se ha prestado atención insuficiente a la asignación de recursos presupuestarios a favor de los niños. Recomendó que se de prioridad a la asignación con cargo al presupuesto para garantizar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente teniendo en cuanta los artículos 2, 3 y 4.

Señaló que los grupos de profesionales, los niños y el público en general no tiene un conocimiento suficiente de la Convención y sus principios. Recomendó que en este sentido se realicen esfuerzos mayores. Recomendó asimismo que la Convención sea traducida a todos los idiomas minoritarios. También que se organicen programas sistemáticos de capacitación y nueva capacitación sobre los derechos del niño y los instrumentos internacionales de derechos humanos y humanitarios destinados a grupos de profesionales que trabajan con los niños y para ellos.

Sugirió también que la Convención sea incorporada a los programas de escuelas y universidades.

A la luz especialmente de los principios del interés superior del niño y del derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, está preocupado por la temprana edad mínima legal de alistamiento voluntario en las fuerzas armadas. Recomendó que se aumente esta edad mínima legal.

Expresó su preocupación porque el Estado Parte no parece haber tenido en cuenta plenamente las disposiciones de la Convención, especialmente los principios generales reflejados en los art. 2 (no discriminación), 3 (interés superior del niño), 6 (derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo) y 12 (respeto por las opiniones de niño), en sus decisiones legislativas, administrativas y judiciales, ni en sus políticas y programas aplicables a los niño. Opinó que hay que desarrollar más esfuerzos por revertir esta situación.

Se mostró preocupado porque las políticas y prácticas predominantes no reflejan adecuadamente el enfoque basado en derechos que constituyen las base de la Convención. Señaló que si bien el principio de no discriminación se refleja en la Constitución y en otras leyes internas, le preocupa que la legislación interna no prohiba explícitamente la discriminación por motivos de origen nacional o étnico, o motivos políticos u otros motivos de opinión y por discapacidad. Si bien la legislación de Irak prohibe la discriminación por motivo de sexo, se mostró preocupado porque en la práctica todavía existen disparidades entre niños y niñas, especialmente con respecto a los derechos de herencia y de educación. Alentó al Estado Parte a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la no discriminación en todos los niveles de la sociedad y para alentar la igualdad entre los niños y las niñas.

Expresó su preocupación por los derechos de participación de los niños. Instó al Estado Parte a que aliente a los niños a asumir una función activa en la promoción y aplicación de la Convención.

Se mostró preocupado porque a la luz de las leyes del Estado Parte sobre la ciudadanía, un niño solo puede obtener la nacionalidad de su padre iraquí, excepto en los casos en que el padre es desconocido o apátrida. Recomendó que se enmiende esta situación a la luz de los principios y disposiciones de la Convención.

A la luz del art. 19, expresó su preocupación porque la legislación nacional no prohibe expresamente los castigos corporales. Recomendó que se tomen todas las medidas adecuadas, incluso las legislativas, con miras a prohibir los castigos corporales en todos los niveles de la sociedad. Sugirió también que se realicen campañas de concienciación para garantizar la aplicación de métodos alternativos de disciplina.

Se vió preocupado por la falta de conocimiento e información sobre los malos tratos y los abusos y por la actitud de la sociedad respecto de ellos, incluidos los abusos sexuales, dentro y fuera de la familia, por las insuficinetes medidas de protección jurídicas y falta de recursos adecuados así como la falta de personal formado adecuadamente para prevenir estos abusos y luchar contra ellos. Recomendó que se emprendan estudios sobre estos aspectos y se adopten medidas y políticas adecuadas con miras a cambiar las actitudes tradicionales. También recomendó que se investiguen adecuadamente los casos de abusos y malos tratos y se apliquen las sanciones a sus autores y que se den a publicidad las desiciones adoptadas, teniendo en cuenta debidamente el derecho a la intimidad del niño. Deberían adoptarse medidas encaminadas a garantizar la prestación de servicios de apoyo a los niños en los procesos, la recuperación psíquica y psicológica y la reintegración social de las víctimas, y la prevención de la criminalización y la estigmatización de las mismas.

Observó con preocupación la situación cada vez peor de la salud de los niños, especialmente las elevadas y crecientes tasas de mortalidad infantil y en la niñez, y la grave malnutrición. Alentó al Estado Parte a preparar políticas y programas amplios que prevengan la malnutrición y luchen contra ella.

Recomendó que el Estado Parte promueva políticas de salud de los adolescentes y fortalezca los servicios de educación y asesoramiento sobre salud de la reproducción.

Expresó su preocupación por la disponibilidad de instalaciones y servicios para personas con discapacidades. Recomendó que se preparen programas de identificación temprana para prevenir las discapacidades, se apliquen alternativas al ingreso en instituciones de niños con discapacidades, se prevean campañas de sensibilización para reducir la discriminación, se establezcan programas especiales y se aliente su inclusión en el sistema escolar normal y en la sociedad.

A la luz de la reciente situación económica, se mostró preocupado por el número creciente de niños que abandonan la escuela prematuramente para empezar a trabajar, especialmente niñas. Recomendó que se tomen medidas al respecto y para que se facilite la igualdad de acceso a la educación.

Señaló que la explotación económica de los niños a aumentado en forma inusitada en los últimos años, y que hay un creciente número de niños que están dejando la escuela para trabajar y poder mantenerse entre ellos y sus familias. Al respecto se mostró preocupado por la diferencia existente entre la edad en que finaliza la educación obligatoria (12 años) y la edad mínima legal de acceso al empleo (15 años). En este sentido sugirió que se estudie la posibilidad de elevar la edad en que finaliza la escuela obligatoria. Recomendó que se realicen investigaciones sobre el trabajo infantil y se determinen las causas y la magnitud del problema. Las leyes deberían también abarcar el sector no estructurado de trabajo.

Observó con preocupación la situación de los niños que viven en la calle, trabajan en ella o ambas cosas, especialmente en relación con su explotación económica y sexual. Alentó a que se tomen medidas de prevención, rehabilitación y reintegración de los niños víctimas.

Si bien tiene en cuenta los esfuerzos realizados señaló con preocupación la situación de las minas terrestres y la amenaza que plantean a la supervivencia y el desarrollo del niño. Hizo hincapié en educar sobre los peligros de las minas y la importancia de ejecutar programas de rehabilitación para sus víctimas. Sugirió que el Estado Parte se convierta en parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción (1997).

Se mostró preocupado por la situación de la administración de justicia de menores y en especial su incompatibilidad con la Convención y con otras reglas pertinentes de Naciones Unidas. Recomendó que se tomen medidas adicionales para reformar el sistema de justicia de menores de conformidad con el espíritu de la Convención, en especial de los art. 37, 39, 40 y de otras reglas de Naciones Unidas en esta esfera, como las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Debería prestarse atención a que la medida de privación de la libertad es un recurso extremo que debería durar lo menos posible, como también a las garantías procesales de los menores. Deberían organizarse programas de formación sobre las reglas internacionales pertinentes para los profesionales que trabajan en el sistema de justicia de menores.

En cuanto a los aspectos positivos reconoció la firme dedicación del Estado Parte por la promoción y protección de los derechos humanos con el establecimiento de un Viceministerio de Derechos Humanos en la nueva estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Acogió con especial beneplácito el establecimiento, como parte del programa de descentralización, el sistema de defensa municipal para los niños.

Tomó nota con reconocimiento de la adopción del plan del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (1996), mediante el cual los hospitales públicos y centros de salud del país proporcionan atención gratuita a todas las madres durante todo el proceso de embarazo, parto y posparto y a todos los niños hasta los cinco años de edad.

A la luz de su recomendación acogió con agrado la promulgación de la Ley de reforma educativa, por la cual los servicios educacionales se ponen al alcance de toda la sociedad sin ningún tipo de discriminación.

Acogió con beneplácito la adhesión del Estado Parte al Convenio N° 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Respecto de los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención tomó nota de la persistencia de grandes desigualdades en la distribución de los ingresos afectando esto los derechos del niño.

Observó las grandes limitaciones económicas, debido en particular a los programas de ajuste y a la deuda externa, que repercuten negativamente en la niñez.

En lo atinente a los temas de preocupación y recomendaciones tomó nota de las medidas adoptadas tendientes a aplicar las recomendaciones del Comité en relación a la reforma del Código del Menor (1992), no obstante sigue preocupado por algunas discrepancias entre la legislación interna y las disposiciones de la Convención, como también por la lentitud del proceso de reforma, para lo cual instó a que se tomen todas las medidas al alcance para acelerar este proceso y garantizar que se ajuste plenamente a los principios y disposiciones de la Convención.

Si bien reconoce los esfuerzos realizados, expresó su preocupación porque hasta ahora no se han aplicado mediadas para aplicar su recomendación sobre la amplia difusión de las disposiciones de la Convención, y recomendó que se tomen medidas al respecto, en especial teniendo en cuenta los tres idiomas diferentes al español hablados en el Estado Parte (aymará, quechua y guaraní).

Acogió con beneplácito la inclusión de un componente sobre los derechos del niño en el programa de cooperación técnica con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destinado a la aplicación del Plan Nacional de Acción del Estado Parte. Alentó a que se prosigan los esfuerzos para ofrecer programas de sensibilización y de formación de grupos de profesionales que trabajan con y para los niños.

Si bien reconoció los esfuerzos realizados para asignar considerables recursos financieros a los niños, reitera su preocupación porque las estrictas medidas presupuestarias adoptadas y la deuda externa, así como la pobreza generalizada y la distribución desigual de los ingresos, aun repercuten negativamente en la niñez. A la luz del los arts. 2, 3 y 4, alentó a que se tomen todas las medidas apropiadas de que se dispone para que se asignen créditos suficientes a los servicios sociales para menores, y que se tenga especial atención con los grupos de niños más vulnerables y marginados. Alentó también a que se prosigan los esfuerzos para reducir la carga de la deuda.

En vista a las desigualdades en la legislación interna, reiteró su preocupación por la aplicación del art. 1 y conexos, en especial en relación a las edades mínimas legales para el acceso al trabajo y al matrimonio. También le preocupó el empleo de criterios biológicos de pubertad para establecer diferentes edades de madurez para los niños y niñas. Esta práctica constituye una forma de discriminación basada en el sexo que afecta el disfrute de todos los derechos. Recomendó que se tomen las mediadas necesarias para modificar esa situación.

Respecto a la aplicación del art. 2, reiteró su preocupación por el aumento de las disparidades existentes entre las zonas rurales y urbanas, así como por el aumento de la población que vive en las zonas urbanas pobres y marginadas. Le fue motivo de preocupación el predominio de la discriminación basada en el origen étnico, sexo, la condición social y las discapacidades. Reiteró la recomendación de que se tomen medidas para reducir las desigualdades económicas y para prevenir las discriminación contra los grupos de niños más vulnerables, como los pertenecientes a comunidades indígenas, las niñas, los discapacitados, los que niños que viven en la calle, entre otros.

Aunque tomó nota de que el "interés superior del niño" y el de "respeto a las opiniones del niño" han sido incorporados a la legislación interna, sigue preocupado porque en la práctica no se reconocen estos principios debido a que aún no se reconoce a los niños como personas derechohabientes y porque se supeditan los derechos de los niños al interés de los adultos. Recomendó que se tomen mayores medidas para hacer cumplir estos principios, y para que formen parte de todas las políticas y programas relativos a los niños y para lograr la concienciación del público en general sobre la aplicación de estos principios.

Tomó nota de las insuficientes medidas tomadas en la esfera de inscripción de nacimientos, y por la falta de conocimientos y comprensión de los procedimientos de registro en especial en las zonas rurales. A la luz del art. 7 recomendó que se adopten todas las medidas al alcance para garantizar la inscripción inmediata de todos los niños después de su nacimiento.

Aunque acogió con agrado la adopción de legislación sobre violencia doméstica, sigue preocupado por los persistentes malos tratos a los niños. Expresó su preocupación por la falta de información, de medidas de protección jurídica y de recursos apropiados, tanto financieros como humanos, así como por la falta de personal debidamente formados para prevenir y luchar contra estos abusos. A la luz de los art. 19 y 39 recomendó que se tomen todas las medidas apropiadas par prevenir y combatir los malos tratos y el abuso sexual en la familia, las escuelas y la sociedad en general. Señaló que se debe fortalecer la aplicación de la ley con respecto a estos delitos, y que deben elaborarse procedimientos y mecanismos adecuados para atender a las denuncias de abusos de menores.

Aunque tomó nota de la legislación interna que prohibe el castigo corporal para los niños, sigue preocupado por que continua siendo una práctica común en las familias y en las escuelas e instituciones. En relación con el derecho del niño a la integridad física reconocido en los arts. 18, 28, 29 y 37 recomendó que se analice la posibilidad de realizar campañas educacionales.

Aunque tomó nota de la inclusión de medidas legislativas sobre la adopción en el Código del Menor, sigue preocupado por la falta de medidas de protección adecuadas con la adopción internacional. Alentó al Estado Parte a que se examine la posibilidad de adherirse a la Convención de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993.

Expresó su preocupación por la situación de los niños que viven en instituciones y los que viven en centros penitenciarios con uno de sus progenitores. Recomendó que se adopten las medidas necesarias para establecer soluciones distintas de la institucionalización de los niños.

Aunque tomó nota de los esfuerzos realizados en el campo de la salud básica, aún le preocupa la persistencia de una elevada tasa de mortalidad infantil y el acceso limitado de los niños a servicios médicos básicos. Además siguen siendo motivos de preocupación la persistencia de enfermedades comunes en la niñez, el aumento de la malnutrición entre los menores de 5 años de edad y el aumento de los problemas de salud en los adolescentes, como los embarazos, el consumo de cigarrillos y alcohol. Recomendó que se tomen todas las medidas apropiadas para garantizar el acceso de todos los niños a los servicios básicos de salud y para la creación de políticas y programas de salud para los adolescentes. Se necesitan más esfuerzos concertados para luchar contra la malnutrición.

Aunque reconoció las mediadas tomadas por el Estado Parte referentes a la protección de los refugiados, sigue preocupado por la falta de disposiciones específicas en su legislación respecto de los derechos de los niños solicitantes de asilo y refugiados y el derecho a la reunificación familiar. A la luz del art. 22 recomendó que se tomen medidas en el asunto, pudiéndose acudir a la asistencia técnica del ACNUR.

Se preocupó por la situación de los niños que viven en Chaparé que están expuestos a los problemas derivados de la lucha contra el narcotráfico y viven en un entorno violento repercutiendo negativamente en su desarrollo. Recomendó que se tomen las mediadas adecuadas que garanticen los derechos de los niños de esta región.

Expresó su preocupación por la situación de los niños que residen en pueblos de la frontera con Chile, cuyas vidas están amenazadas por las minas terrestres sembradas en la región. Recomendó que se tomen medidas, como la de concienciación sobre losa artefactos y la formación de la población en general para proteger a los niños que viven en esos lugares. Alentó a que se estudie la posibilidad de solicitar la ayuda internacional, así como la celebración de consultas bilaterales para la remoción de las minas terrestres.

En cuanto a la situación del trabajo infantil tomó nota de las medidas tomadas, como la firma de un memorando de entendimiento entre el Estado Parte y la OIT (1996), y la elaboración de un programa experimental para niños trabajadores que financia el BID. Sin embargo sigue preocupado porque la explotación económica todavía es una de los principales problemas que afectan los niños. Asimismo reiteró su preocupación por los niños que trabajan o viven en la calle. Recomendó al respecto que no se rebaje la edad mínima legal para el acceso al trabajo. Alentó a que se siga prestando atención a los niños que participan en trabajos peligrosos como el trabajo doméstico y la prostitución, a fin de protegerlos de la explotación.

A la luz del art. 34 y conexos recomendó que se realicen estudios con miras a elaborar y aplicar políticas y medidas apropiadas para luchar contra la explotación sexual de los niños. Recomendó que se refuerce el marco legislativo para proteger a los niños de estas violaciones, incluso en la familia. Recomendó que se sigan aplicando las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción aprobado en el Congreso Mundial contra la Explotación sexual Comercial de los Niños (Estocolmo 1996).

En relación con el sistema de justicia de menores expresó su preocupación porque el no es plenamente compatible con los art. 37, 39 y 40 y con otras normas pertinentes como las Reglas de Beijin, las Directrices de Riad y las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

En particular se mostró preocupado por la situación de los niños que viven en instituciones especiales, por el empleo de la violencia por parte de los agentes del orden público, por el hecho de que la privación de la libertad no se utiliza como medida de último recurso y por el hecho de que se detengan juntos a menores y adultos. Recomendó que a la luz de los mencionados artículos y otras normas pertinentes, se tomen todas las medidas necesarias para atender a estos asuntos. Recomendó también que el Estado Parte estudie la posibilidad de ratificar la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Opinó que deberían organizarse programas de formación para profesionales relacionado con la administración de justicia de menores, acerca de las normas internacionales pertinentes.

En cuanto a los aspectos positivos observó que en el Parlamento existe un Comité de Derechos Humanos. También tomó nota del reciente establecimiento en el Ministerio de Justicia de una dependencia encargada de las cuestiones de derechos humanos que incluye un mecanismo para recibir denuncias particulares.

Tomó nota de que la Convención se aplica automáticamente y que sus disposiciones pueden invocarse ante los tribunales.

Elogió los amplios beneficios de bienestar social de que se dispone, entre los que figuran servicios públicos de educación, salud, atención social y viviendas.

Celebró que el Estado Parte intente integrar a las clases regulares a los niños con discapacidades.

Celebró la organización de un "Día Árabe de la Infancia" como un medio para que los niños entiendan mejor los derechos enunciados en la Convención.

Respecto de los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención supo que las penalidades físicas y psicológicas ocasionadas por la guerra del Golfo siguen afectando a un número considerable de niños y sus padres. Observó que aún quedan pendientes cuestiones pertinentes a la reunión de las familias, entorpeciendo esto la aplicación de la Convención.

En lo referente a los temas de preocupación y recomendaciones tomó nota con inquietud de loas declaraciones del Estado Parte a propósito de los arts. 7 y 21 al ratificar la Convención. Invitó a que se considere la posibilidad de pasar revista a las declaraciones a la luz de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Tomó nota de la elaboración de un marco legislativo, pero se mostró preocupado porque el ordenamiento no se ajusta plenamente a los principios y disposiciones de la Convención. Recomendó que se disponga todo lo necesario para instituir, cuando corresponda, un proceso de reforma legislativa.

Le preocupó que el Estado Parte no parece tener una política global de promoción de protección de los derechos del niño y la falta de un organismo de coordinación. Instó a que se adopte una estrategia nacional de la infancia e instituir un organismo de coordinación que aplique políticas y programas de la infancia.

En cuanto a la reciente institución en el Ministerio de Justicia encargada de las situaciones de derechos humanos, manifestó su inquietud ante el desconocimiento de este organismo del mecanismo para recibir denuncias y del modo en que puede ser utilizado para examinar los casos. Propuso que se tomen mediadas tendiente a asegurar un mejor conocimiento de este mecanismo.

Le preocupó que los grupos de profesionales, los niños y el común de las gentes por lo general no conocen ni los principios ni las disposiciones de la Convención. Recomendó que se ponga más empeño en que más adultos y más niños conozcan y entiendan las disposiciones de la Convención. Recomendó también que se organicen programas de adiestramiento y readiestramiento de los profesionales que trabajan con y para los niños. Opinó que habría que aumentar la difusión de la Convención e incluirla en los planes de estudio de las escuelas y universidades.

Tomó nota con inquietud de que a los 7 años la edad legal de responsabilidad penal es muy baja. También le inquietó la baja edad legal mínima para el matrimonio de las niñas, los 15 años, mientras que para los varones es a los 17. Recomendó que se suba la edad legal mínima de responsabilidad penal conforme a la Convención y otras normas pertinentes de naciones unidas. También recomendó que se suba la edad legal mínima para contraer matrimonio para las niñas, por lo menos a la edad fijada para los varones.

Le preocupó que las políticas y prácticas actuales en materia de bienestar social no son un fiel trasunto de los derechos consagrados en la Convención. También manifestó su preocupación porque no se han tomado en cuenta plenamente las disposiciones de la Convención, en general sus principios generales enunciados en los art. 2 (no discriminación), 3 (interés superior del niño), 6 (derecho a la vida, supervivencia y desarrollo), 12 (respeto de las opiniones del niño), en la legislación ni en las decisiones judiciales y administrativas, como tampoco en sus programas y políticas. Recomendó que se tomen medidas para remediar esta situación.

Le preocupó que ni la Constitución ni las leyes estén plenamente acorde con el art. 2 y que no prohiban concretamente las distinciones por motivos de raza, color, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, discapacidades o cualquier otra condición. Le preocupó que la existencia de algunas leyes, reglamentos y prácticas que discriminan a los no kuwatíes y a las niñas, en especial en lo que respecta a los derechos de educación y sucesión. Instó a que se revise la legislación con miras a prohibir la discriminación por todos los motivos comprendidos en el art. 2. Recomendó además que el Estado Parte tome todas las medidas para garantizar los derechos de los niños budún, migrantes, otros niños no nacionales y las niñas. Por último recomendó que se tomen las medidas apropiadas para garantizar a las niñas una igualdad sistemática.

Le preocupó la situación de que por la situación demográfica poco común, en que apenas cerca del 34% de la población tiene la nacionalidad kuwatí, hayan sido discriminados los no nacionales. Le preocupó que la discriminación afecte a los niños de la comunidad bedún y los trabajadores migratorios jóvenes. Recomendó que se tomen las medidas necesarias para que todos los niños sujetos a la jurisdicción del Estado Parte, sin distinción alguna, goce plenamente de los derechos consagrado e la Convención.

Le preocupó lo poco que se conocen los derechos de los niños a la participación, Le preocupó que no exista, en las situaciones judiciales que los afectan, un requisito jurídico de que los niños se expresen en sus opiniones. Recomendó a la luz del art. 12 que se tomen las medidas adecuadas para asegura la participación de los niños en la familia, los establecimientos, la escuela y la sociedad. Recomendó que, incluso por medios legislativos, se asegure que las opiniones de los niños y niñas sean, en función de su madurez, parte integrantes de toda las decisiones que los afecten.

Le preocupó que, conforme la legislación en materia de maternidad, solo un padre kuwatí puede transmitirla a sus hijos, Recomendó que a la luz de las pertinentes disposiciones y principios de la Convención se modifique esta situación.

Manifestó su inquietud por la falta de una prohibición específica del uso del castigo corporal en la legislación del país. Recomendó que incluso se recurra a medias legislativas para prohibir el castigo corporal en las escuelas, las familias u otros establecimientos, y en la sociedad en general. Propuso la realización de campañas de información para que se empleen otras formas de disciplinar que estén acordes a la dignidad humana del niño, con arreglo al párr. 2 del art. 38.

Le preocupó la falta de conocimiento e información respecto de la violencia en el hogar, los malos tratos y los abusos, incluso de carácter sexual, en la familia y fuera de ella, la falta de medidas y de recursos y la falta de personal debidamente capacitado para impedir y combatir estos abusos. Recomendó que se realicen estudios con miras a adoptar medidas y políticas adecuadas para cambiar las actitudes tradicionales, entre otras cosas. Recomendó que se instituya un mecanismo especial para recibir denuncias de malos tratos, los actos de violencia en el hogar y los abusos. Recomendó además que se investiguen debidamente los casos en el seno de la familia y se sancione a los autores, y se de a conocer las decisiones. Opinó que habría que habría que tomar otras medidas para asegurar servicios de apoyo al niño en actuaciones judiciales, de recuperación física y psicológica y de reintegración social de las víctimas de estos sucesos, conforme el art. 39, y la prevención de la criminalización y estigmatización de las mismas.

Le preocupó las posibilidades de estigmatizar a las mujeres o a las parejas que decidan no abandonar a un hijo nacido fuera del matrimonio. Recomendó que se tomen mediadas adecuadas para crear las condiciones propicias para que en estas mujeres y parejas puedan conservar y criar a sus hijos extramatrimoniales.

Respecto de la situación de los niños internados en establecimientos, recomendó que se les dispense la atención necesaria, y que hay que bregar por encontrar medios distintos de la internación, como hogares de guarda.

Le inquietó el creciente incremento de los niños que viven o trabajan en las calles, en especial los de la comunicad bedún. Recomendó que se tomen las medidas apropiada para que todos los niños pueda ir a la escuela y para impedir y combatir la deserción escolar.

Le preocupó el elevado nivel de malnutrición de los niños, sobre todo por la alimentación deficiente. Recomendó que se tomen las medidas del caso, incluyendo campañas de información y asesoramiento.

Respecto de la salud de los adolescentes , le preocupó la alta tasa de mortalidad de los varones por causas exteriores o accidentes. Le preocupó la falta de información en particular respecto de la toxicomanía, las enfermedades sexualmente transmisibles y el SIDA, el embarazo, los actos de violencia y el suicidio y la falta de servicios de tratamiento y recuperación. Recomendó que se tomen medidas para recabar datos y para establecer servicios de atención, asesoramiento y rehabilitación.

Le preocupó la práctica del matrimonio precoz. Recomendó que se tomen todas las medidas necesarias, incluso las legislativas, campañas de información destinadas a cambiar actitudes, asesoramiento y formación en materia de salud genésica, para combatir esta práctica tradicional perniciosa para la salud y el bienestar de las muchachas y para el desarrollo de la familia.

Le preocupó que no haya una legislación concreta que defina la condición de refugiado y los proteja, incluso los niños, y que aún el país no se haya adherido a ninguno de los tratados sobre apátridas o refugiados. Recomendó que se pase revista a la legislación con miras a incorporar disposiciones en este sentido, en especial en lo que respecta a los posibilidades de educación, salud u otros servicios sociales. Recomendó que se considere la posibilidad de ratificar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, así como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apátridas de 1961.

Reconoció que aún el Estado Parte no se ha recuperado de las consecuencias de la guerra del Golfo y que las minas terrestres son una amenaza constante para la población y ya han causado numerosas bajas. Recalcó la importancia de la enseñanza sobre los peligros de las minas terrestres. Recomendó un análisis de la situación y propuso además que el Estado Parte adquiera dicha calidad en la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (1997).

Le inquietó la falta de información y estudios generales sobre la cuestión del abuso y la explotación sexuales del niño. En el marco del art. 34 recomendó que se refuerce el marco legislativo para proteger a los niños contra todas las formas de abuso o explotación sexuales, incluso dentro de la familia. Recomendó la realización de estudios con vistas a elaborar y ejecutar políticas y mediadas apropiadas para el caso. Exhortó a que siga aplicando las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción que el Congreso Mundial de Estocolmo contra la Explotación Sexual Comercial de los niños aprobó en 1996.

Le preocupó el estado de la Administración de Justicia de menores y en particular su no plena concordancia con la Convención, así como con otras normas pertinentes de las Naciones Unidas. Recomendó que se considere la posibilidad de tomas medidas tendientes a reformar el sistema en el espíritu de la Convención, en particular los art. 37, 39 y 40, y de otras normas de Naciones Unidas como las Reglas de Beigin, las Directrices de Riad y las reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad. Opinó que habría que prestar especial atención a la idea de utilizar la pena de privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible, a la protección de todos los derechos y, cuando corresponda, el fomento de alternativas a la tramitación de casos en el sistema penal ordinario. También habría que organizar programas para inculcar las normas internacionales pertinentes a todos los profesionales que trabajan en la administración de justicia de menores.

En cuanto a los aspectos positivos Tomó nota de la reciente aprobación (1997) de una nueva Constitución que garantiza la promoción y protección de los derechos humanos incluidos los derechos del niño reconocidos en la Convención.

Tomó nota de los recientes esfuerzos en la esfera de la reforma legislativa. Celebró que se le haya dado fuerza de ley al Código de Procedimiento Penal Enmendado en lo que respecta a los actos deshonestos perpetrados contra los niños de ambos sexos ; y otras leyes que protegen a los niños como la Ley de medidas de Prevención y Eliminación de la Trata de Mujeres y Niños y la de Prevención y Eliminación de la Prostitución.

Acogió con beneplácito las iniciativas destinadas a brindar mayores oportunidades de desarrollo a los grupos vulnerables y desfavorecidos, así como a poner sistemas especiales de vigilancia en las esferas del trabajo y la prostitución infantiles.

Tomó nota de la colaboración de las ONG´s en la elaboración del Informe y otros menesteres.

En lo referente a los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención reconoció las dificultades económicas y sociales a que tiene que hacer frente el Estado Parte han deteriorado la situación de los niños e impide la plena aplicación de la Convención. En particular señaló el problema de la deuda externa, las exigencias del programa de ajuste y el aumento del nivel de desempleo y la pobreza.

En lo que se refiere a los temas de preocupación y recomendaciones tomó nota de que el Estado Parte ha retirado su reserva al art. 29, pero expresó su preocupación por las restantes reservas a los art. 7 y 22. Observó que recientemente ratificó sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Invitó a que se considere la posibilidad de revisar las reservas para retirarlas.

Observó que se ha realizado un marco legislativo específico, pero le preocupó que aún no se hayan incorporado en la legislación nacional todos los principios y disposiciones de la Convención. Recomendó que se revise el derecho interno a fin de ajustarlo plenamente a la Convención. Alentó asimismo a que se considere la posibilidad de aprobar un Código integral de la infancia.

Tomó nota de los esfuerzos realizados por la Oficina Nacional de la Juventud para facilitar las cuestiones relacionadas con los derechos del niño, pero recomendó que se adopte una estrategia global para la aplicación de la Convención que incluya la descentralización del proceso de promoción y protección de los derechos del niño y que se adopten medidas para fortalecer la coordinación de las actividades.

Expresó su preocupación por la falta de un mecanismo independiente que registre y tramite las denuncias de los niños sobre violaciones de los derechos reconocidos en la Convención. Recomendó que se tomen las medidas apropiadas para crear un mecanismo a tales efectos.

Tomó nota del aumento del gasto social, pero, habida cuenta del art. 4 sigue preocupado porque no se ha prestado suficiente atención a establecer consignaciones presupuestarias en favor de la infancia "hasta el máximo de los recursos de que se disponga". Recomendó, a la luz de los arts. 2, 3 y 6, que se preste especial atención a la plena aplicación del art. 4 dando prioridad a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Reconoció los esfuerzos realizados para promover el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención, pero le sigue preocupando que los grupos de profesionales, los niños y la población en general no conocen suficientemente la Convención. Recomendó que se hagan mayores esfuerzos en este sentido. Recomendó asimismo que se traduzca la Convención a todos los idiomas minoritarios e indígenas y se distribuyan esas versiones. Recomendó que se capacite o sensibilice sistemáticamente a los grupos de profesionales que trabajan con y para los niños. Propuso campañas de difusión y alentó al Estado Parte a que haga lo necesario para que la Convención se incorpore en su totalidad a los programas escolares y universitarios.

Expresó su preocupación por la baja edad mínima legal para la responsabilidad penal, así como por el hecho de que no se haya fijado legalmente la mayoría de edad. Recomendó que se revise la legislación a fin de armonizarla con las disposiciones de la Convención.

Expresó su preocupación porque no se ha tenido en cuenta, especialmente, los principios generales enunciados en la Convención, en sus art. 2 (no discriminación), 3 (interés superior del niño), 6 (derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo) y 12 (respeto de las opiniones del niño), en la legislación interna, en las decisiones administrativas y judiciales o en los programas y políticas relativos a la infancia. Opinó que deben hacerse mayores esfuerzos por que los principios de la Convención, especialmente los generales sean tenidos plenamente en cuenta.

Reconoció los esfuerzos por favorecer a los grupos vulnerables, pero sigue preocupado porque sean insuficientes las mediadas adoptadas para que todos los niños puedan acceder a la educación y los servicios de salud y estén protegidos contra todas las formas de explotación. Le preocupó particularmente algunos grupos de niños vulnerables, tales como las niñas, los niños con discapacidades, los pertenecientes a minorías, como las tribus montañesas, los que viven o trabajan en las calles, los inmigrantes ilegales, entre otros. Recomendó que se realicen mayores esfuerzos para garantizar la aplicación del principio de no discriminación.

Tomó nota de los esfuerzos hechos para alentar el derecho de participación de los niños, pero le preocupó que las prácticas, la cultura y las actitudes tradicionales sigan limitando la plena aplicación del art. 12. Recomendó que se implemente una estrategia sistemática para que la población conozca mejor este derecho y fomente el respeto de las opiniones del niño en la familia, en la escuela, en el sistema judicial y de cuidado institucional.

Observó que se ha aprobado una ley sobre la inscripción de los nacimientos, pero le preocupó que muchos niños aún no estén inscriptos, especialmente los que viven en las comunidades tribales nómadas y montañesas. Recomendó que a la luz del art. 7 se tomen medidas para garantizar que todos los niños sean inscriptos al nacer y para regularizar la situación de los niños de las tribus para proporcionarles finalmente la documentación que le garantice otros derechos como la salud.

Tomó nota de los esfuerzos realizados para prohibir la aplicación de castigos corporales en las escuelas, pero le preocupó que se sigan infligiendo esos castigos en las familias, en el sistema judicial, en los sistemas de cuidados alternativos y en general en la sociedad. Recomendó que se tomen todas las medidas necesarias, incluso las de carácter legislativos, para prohibir los castigos corporales. Recomendó campañas de sensibilización para que se apliquen medidas disciplinarias alternativas acordes con la dignidad humana del niño.

Sigue preocupado por las elevadas tasas de niños abandonados, en particular de recién nacidos de madres solteras y niños de familias pobres. A este respecto señaló la falta de instalaciones alternativas de cuidados a la familia y de personal capacitado en esta esfera. Recomendó que se redoblen los esfuerzos para facilitar apoyo a los progenitores, incluidas la capacitación para desalentar los abandonos. Recomendó que se establezcan nuevos programas para facilitar otros tipos de cuidados, incluidos establecer mecanismos de queja y vigilancia para las instituciones alternativas de atención a la familia.

Tomó nota de los esfuerzos efectuados para suministrar protección a las víctimas infantiles. Sin embargo la falta de información y concienciación acerca de la violencia en el hogar, los malos tratos y los abusos de los niños, incluido el sexual - dentro y fuera de la familia -, la falta de recursos adecuados y de personal formado adecuadamente, siguen siendo motivo de preocupación. A la luz del art. 19 recomendó que se realicen estudios de esta problemática a fin de entender su alcance y carácter para poder adoptar las medidas y políticas adecuadas y ayudar a cambiar las actitudes tradicionales. Recomendó que se investiguen adecuadamente estos casos y se sanciones a los perpetradores de los mismos y que se publiquen las decisiones adoptadas cuidando el derecho a la vida privada del niño. Deberían también adoptarse medidas de apoyo a los niños en los procedimientos jurídicos, para la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las víctimas, y para la prevención de la criminalización y estigmatización.

Si bien tomó nota de los esfuerzos realizados para reducir las tasa de mortalidad entre los niños y recién nacidos, sigue preocupado porque persistan prácticas inadecuadas de lactancia materna y la elevada tasa de desnutrición. Alentó a que se tomen medidas para solucionar esta cuestión prestando especial atención a los grupos de niños más vulnerables y desfavorecidos.

Se vio particularmente preocupado por la falta de datos en la salud de adolescentes, incluidos los embarazos, los abortos, el suicidio, la violencia, el abuso de las sustancias ilegales y el SIDA. Recomendó que se aumenten los esfuerzos para promover las políticas de salud de adolescentes y reforzar los servicios de educación en sanidad de la reproducción y de asesoramiento. También se recomendó que se realicen estudios sobre estos problemas de salud, especialmente sobre la situación de los niños afectados por el SIDA y otras enfermedades transmitidas sexualmente. Se recomendó que se asignen mayores recurso financieros.

Le preocupó que aún no se haya aplicado plenamente la Ley de Rehabilitación de Discapacitados de 1991. Manifestó también su preocupación por la falta de instalaciones y servicios adecuados para personas con discapacidades incluidos los niños. A la luz de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Res. 48/96 Asamblea General), recomendó que se establezcan programas de diagnóstico precoz para impedir las discapacidades, aplique otras posibilidades de institucionalización, establezca programas educativos especiales para niños con discapacidad y promueva su integración.

Si bien tomó nota de la elevada tasa de matrícula escolar, en particular en la primaria, y la reciente iniciativa de establecer nuevas escuelas en la comunidades rurales, sigue preocupado porque algunos niños, en particular los que viven en la pobreza y en comunidades nómadas y las tribus montañesas, no tengan acceso a la educación. Habida cuenta de las dificultades económicas, se preocupó por el elevado número de niños que abandonan la escuela, especialmente niñas. Recomendó que se tomen todas las medias apropiadas para garantizar el acceso igualitario a la educación para todos los niños de Tailandia, y para alentar a niños y padres a que los chicos permanezcan en la escuela y para desalentar el trabajo temprano.

Tomó nota de los esfuerzos realizados para garantizar la protección y asistencia humanitarias a los niños desplazados. Sin embargo se mostró preocupado por la falta de claridad del marco jurídico par la protección de los niños no acompañados y los que solicitan asilo. Le preocupó la situación de los niños privados de la libertad en los centros de detención de inmigración. Recomendó que se tomen medidas al respecto en especial para garantizar la seguridad física, la salud y la educación. Opinó que deberían también establecerse procedimientos para facilitar la reunificación familiar. El Estado Parte debería hacer todo lo posible por que los niños solicitante de asilo no sean internados en los centros de detención para inmigración. Podría considerarse la posibilidad de solicitar asistencia al ACNUR y la posibilidad de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1966, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir casos de Apátridas de 1961.

Si bien celebra la aprobación de la Ley de Protección Laboral de 1998, en la que se ha aumentado la edad legal mínima para poder trabajar de 13 a 15 años, sigue preocupado por la elevada tasa de explotación económica, así como por la elevada cifra de niños que abandonan la escuela, para trabajar y mantenerse a sí mismo y a sus familiares. Instó a que se establezcan mecanismos de vigilancia para garantizar la aplicación de las leyes laborales y sugirió al Estado Parte que considere la posibilidad de ratificar el Convenio N° 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Expresó su preocupación por el elevado número y la frecuencia de abuso sexuales de niños, incluidos la prostitución infantil y la trata y la venta de niños, que afecta tanto a niños como niñas. Recomendó que se tomen medidas urgentes para reforzar la aplicación de la legislación. Además se deberían redoblar los esfuerzos para llevar a cabo una campaña de sensibilización y aplicar un sistema minucioso de vigilancia en el nivel comunitario. Debería reforzarse la rehabilitación. Instó al Estado Parte a que siga aplicando las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción adoptado en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrado en Estocolmo en 1996. Recomendó que se considere la posibilidad de ratificar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949.

Observó que se ha promulgado legislación para la creación de tribunales de menores, pero sigue preocupado ante la situación general en lo que respecta a la administración de justicia de menores, y en particular, su compatibilidad con la Convención y otras normas pertinentes de Naciones Unidas. Se mostró especialmente preocupado porque el sistema de justicia de menores no se aplique en todo el territorio del país. Le preocupó también las informaciones sobre malos tratos infligidos a niños por el personal encargado de aplicar la ley. Recomendó la adopción de nuevas medidas para reformar el sistemas de acuerdo con el espíritu de la Convención, en particular los arts. 37, 39 y 40 y otras normas pertinentes de Naciones Unidas como las Reglas de Beigin, las Directrices de Riad y las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad. Opinó que debería prestarse especial atención a que la privación de la libertad no sea más que un recurso de última instancia y que se aplique por el plazo más corto que sea posible, y ampliar el sistema a fin de que se aplique en todo el territorio del país. Opinó que deberían organizarse programas de capacitación sobre las normas internacionales oportunas para todos los miembros de las profesiones que forman parte del sistema de justicia de menores. Recomendó que se estudie la posibilidad de ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.