Los Jefes de Estado y/o Gobierno de los Estados, Países y Territorios de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), reunidos en Isla de Margarita, Estado  Nueva Esparta, República Bolivariana de Venezuela, los días 11y 12 de diciembre de 2001;

Comprometidos con los principios y objetivos contenidos en el Convenio Constitutivo de la AEC;

Recordando nuestro compromiso con la Declaración de Principios y su Plan de Acción emanado de la histórica Primera Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la AEC, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, los días 17 y 18 de agosto de 1995, y las prioridades identificadas para promover la integración regional, la cooperación funcional y la coordinación entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la AEC;

Considerando la Declaración de Santo Domingo y el Plan de Acción emanado de la Segunda Cumbre de los Jefes de Estado y/o Gobierno de la AEC, efectuada en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, los días 16 y 17 de abril de 1999; y

Decididos a fortalecer a la AEC como un órgano para la consulta, la acción concertada y la cooperación y reconociendo la importancia de propiciar condiciones orientadas a la consolidación de una identidad caribeña propia, que permitan fortalecer aún más nuestros vínculos históricos, políticos, económicos, comerciales, sociales y culturales:

1. Nos comprometemos a establecer la región del Gran Caribe como una Zona de Cooperación, en reconocimiento del espacio geográfico común que comparten nuestros Estados, Países y Territorios, y de los intereses y objetivos comunes que de ello se derivan. La Zona de Cooperación del Gran Caribe consistirá

inicialmente de acciones conjuntas en las áreas de prioridad de la AEC, es decir, Comercio, Turismo Sustentable, Transporte y Desastres Naturales.

2. Expresamos nuestro firme convencimiento de que la democracia, el desarrollo económico y social y el respeto y la promoción de los derechos humanos y a las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

3. Reiteramos el respeto a los principios de soberanía, integridad territorial y de no-intervención, así como el derecho de cada pueblo de construir en paz, estabilidad y justicia su propio sistema político. Por tanto, rechazamos enérgicamente todo tipo de intervención en los asuntos internos de los Estados y la aplicación extraterritorial de normas de derecho interno y de medidas unilaterales y condicionantes de la cooperación. En este contexto, reiteramos nuestra exhortación al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton, de conformidad con las resoluciones pertinentes aprobadas en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4. Condenamos el terrorismo y reafirmamos el compromiso de combatirlo en todas sus formas y manifestaciones, donde quiera que se produzca y por quien quiera que los cometa y nos comprometemos inequívocamente a prevenir, combatir y eliminar este flagelo y a consolidar mecanismos e instrumentos de cooperación internacional y regional para enfrentarlo, en concordancia con los propósitos y principios contenidos en los instrumentos internacionales sobre esta materia.

5. Vemos, también, con preocupación el creciente peligro que representa el crimen transnacional organizado y manifestamos nuestro compromiso para combatirlo en todas sus formas y, en especial, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes, y municiones.

6. Reconocemos el carácter mundial del problema de las drogas y sus delitos conexos y la necesidad de disponer de mecanismos de cooperación bilateral multilateral en todos sus aspectos. Reiteramos el principio de la responsabilidad compartida y del tratamiento integral y equilibrado del problema, de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con el pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la no-injerencia en los asuntos internos y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.

7. Destacamos la importancia del desarrollo alternativo y su sustentabilidad, que permita alternativas socioeconómicas lícitas y de oportunidades de generación de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, protección del ambiente y fomento de los valores culturales.

8. Coincidimos en que el principio de la responsabilidad compartida debe aplicarse en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. En este sentido, expresamos nuestro compromiso con prevenir, combatir y eliminar este comercio ilícito en los planos nacional, regional y global, incluyendo medidas para asegurar la cooperación y asistencia internacionales.

9. Nos pronunciamos por fortalecer los mecanismos de cooperación para el intercambio de información entre las instituciones jurídicas y judiciales, y reconocemos la importancia de ratificar la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. En este contexto, apoyamos la instrumentación de un Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, en todos sus aspectos, realizada en Nueva York, en julio de 2001, y felicitamos a Colombia por su labor desempeñada en la Presidencia de la misma.

10. Para luchar contra el problema de la corrupción, cuyo alcance es transnacional, somos partidarios de fomentar la cooperación entre los Estados Miembros y Miembros Asociados, así como entre las instituciones nacionales encargadas de hacer cumplir la ley de cada país, para erradicar la corrupción donde quiera que exista. En este sentido, valoramos el aporte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y por lo tanto apoyamos la negociación de una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a realizarse a partir de enero de 2002.

11. Coincidimos en que entre las causas fundamentales de la pobreza y el subdesarrollo están la desigual distribución de las riquezas y los conocimientos que impera en el mundo. En este sentido, apoyamos todos los esfuerzos coordinados y decididos para crear un ambiente que conduzca al desarrollo económico y social orientado a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y por lo tanto, nos comprometemos a alcanzar un crecimiento económico con equidad social y a luchar contra la pobreza, como condiciones fundamentales para la profundización de la democracia, la estabilidad política y la legitimidad de nuestros gobiernos.

12. 12. Reafirmamos los principios de solidaridad, consulta, cooperación y acción concertada como el camino más adecuado para la región para beneficiarse de las oportunidades y enfrentar los retos de la globalización. Asimismo, reconocemos que la herencia cultural del Gran Caribe es una fuerza unificadora poderosa y reafirmamos la importancia de proteger y promover las expresiones de nuestra identidad cultural.

13. Confirmamos nuestro compromiso con un sistema internacional de comercio basado en reglas que propicien el trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo, en particular dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por lo tanto, ratificamos los principios acordados por nuestros Ministros y Altos Oficiales responsables de negociaciones comerciales en la reunión celebrada el 5 de septiembre de 2001, en Puerto España, Trinidad y Tobago, en lo referente al Trato Especial y Diferenciado de las Pequeñas Economías en el contexto del ALCA y que se anexa a esta Declaración. Apoyamos la propuesta para la creación de un Fondo de Desarrollo Regional dentro del proceso del ALCA.

14. Reconocemos la importancia del compromiso de la IV Conferencia de Ministros de la OMC de poner las necesidades e intereses de los países en desarrollo en el Centro de Programa de Trabajo adoptado en la cita de Doha. Asimismo, expresamos nuestro mayor interés y apoyo para que las negociaciones comerciales multilaterales que han sido lanzadas en la reunión de Doha tengan en cuenta de manera suficiente, efectiva y vinculante el principio de trato especial y diferenciado hacia los países en desarrollo, de forma tal que respondan a sus necesidades de desarrollo económico y social.

15. Apreciamos de particular interés para los países en desarrollo el establecimiento de un grupo de trabajo para examinar la relación entre comercio, deuda y finanzas, a fin de apoyar la solución duradera al problema del endeudamiento externo de los países en desarrollo y otro grupo con vista a estudiar los vínculos entre comercio y transferencia de tecnología con el propósito de presentar las recomendaciones pertinentes para incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo. De igual forma, celebramos el acuerdo alcanzado en relación con la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC y la Salud Pública, particularmente por el reconocimiento al derecho de los miembros a aplicar medidas para solventar los graves problemas de salud publica que afligen a muchos países en desarrollo, especialmente en los resultantes del VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias.

16. Reiteramos la necesidad de trabajar conjuntamente por la consolidación de un espacio económico ampliado para el comercio y las inversiones, e instamos a la reducción de los obstáculos al comercio en el Gran Caribe. En este sentido, continuaremos impulsando las medidas de integración y cooperación que permitan el fortalecimiento del comercio intraregional y las inversiones.

17. Consideramos la institucionalización del Foro Empresarial del Gran Caribe como mecanismo esencial para promover el comercio y las inversiones en la región. Por lo tanto felicitamos a Venezuela y a México por la organización del I y II Foros Empresariales del Gran Caribe y damos nuestro apoyo a los esfuerzos que realizarán Costa Rica y Cuba para la celebración de las tercera y cuarta versiones del Foro en los años 2002 y 2003, respectivamente.

18. Damos nuestro respaldo a la ejecución del Sistema Integrado de Información del Gran Caribe e instamos a las Secretarías y entidades de integración y cooperación de la región para que pongan en ejecución este proyecto.

19. Reconocemos al Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de San José, como un instrumento de colaboración único en su género que, a lo largo de más de veinte años de operación, ha significado un apoyo de gran importancia para el desarrollo económico y social de la región.

20. Por otra parte, valoramos los esfuerzos que realiza Venezuela para cooperar solidariamente con un grupo de países del área a través del Acuerdo de Cooperación Energético de Caracas, a fin de contribuir al progreso económico y social de los países beneficiarios de este acuerdo.

21. Subrayamos la importancia de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se llevará a cabo en la Ciudad de Monterrey, México, del 18 al 22 de marzo del 2002. Reconocemos que este relevante foro multilateral constituye una oportunidad idónea para alcanzar consensos en la comunidad internacional , que den respuesta a la urgente necesidad de reactivar el financiamiento internacional destinado a promover el desarrollo y la disminución de las desigualdades entre los países. Reafirmamos, asimismo, nuestro compromiso por promover una participación activa en los trabajos preparatorios y durante el desarrollo mismo de la Conferencia, con el fin de fomentar una participación cualitativa y cuantitativamente relevante en la misma.

22. Recibimos con beneplácito el reciente apoyo de los países miembros del Banco de Desarrollo del Caribe a la región, con la materialización de las negociaciones para la suscripción de un nuevo Ciclo de Reposición de Recursos al Fondo Especial de Desarrollo, mediante el logro de compromisos para el financiamiento de proyectos sociales y de combate a la pobreza en sus países beneficiarios. Asimismo, valoramos los esfuerzos realizados por el Banco con respecto a las negociaciones para acelerar el ingreso de Haití como país miembro prestatario.

23. Tomando en cuenta la importancia del turismo para el desarrollo económico del Gran Caribe, exhortamos la pronta ratificación e implementación del Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe, firmado durante esta Tercera Cumbre de Jefes de Estado y/ o Gobierno de la AEC.

24. Reconociendo el Mar Caribe como patrimonio común de la región, y un activo invaluable al cual damos prioridad para su conservación, instamos a nuestros países a tomar en cuenta plenamente los elementos de la Resolución "Promoción de un enfoque integrado de la ordenación de la Zona del Mar Caribe en el contexto del desarrollo sostenible" (A/RES/55/203), aprobada por la 55ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, y a continuar las gestiones necesarias para el reconocimiento del Mar Caribe como un Área Especial en el contexto del Desarrollo Sostenible, por parte de la comunidad internacional.

25. Apoyamos las conclusiones de la Conferencia Regional Preparatoria de la Cumbre Mundial de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible realizada los días 23 y 24 de octubre, 2001 en Río de Janeiro, Brasil, tales como se incluyen en la Plataforma para la Acción de Río de Janeiro y asimismo tomamos nota de la Mesa Redonda Regional para América Latina y el Caribe celebrada en Bridgetown, Barbados del 18 al 20 de junio de 2001, en el contexto de las preparaciones de la Cumbre de la Tierra "Río + 10", que se llevará a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002.

26. Respaldamos las conclusiones de los Ministros de Ambiente de Centroamérica y el Caribe, reunidos en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de octubre de 2001, quienes en su declaración final, expresaron la urgente necesidad de forjar una nueva cultura del agua en nuestras sociedades que, apoyándose en las mejores tradiciones de nuestros pueblos, integre nuevos valores y realidades para garantizar la conservación, uso racional, valoración económica y la comprensión y aceptación por toda la población de que el agua es un recurso finito y vulnerable, imprescindible para todos los seres vivos y necesario para un desarrollo humano sustentable.

27. Reconocemos la necesidad de acciones urgentes para minimizar los impactos negativos del cambio climático, incluyendo la elevación del nivel del mar y el incremento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. En tal sentido, instamos a todos los países que no lo hayan hecho, tomando en consideración el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a firmar y ratificar los tratados internacionales relevantes, particularmente la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto de la misma.

28. Urgimos a aquellos Estados Miembros y Miembros Asociados que aún no han firmado y/ o ratificado el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe, conocido como la Convención de Cartagena, y sus Protocolos, a hacerlo tan pronto como sea posible y a tomar los pasos necesarios para asegurar la implementación nacional de sus disposiciones tan pronto como sea posible.

29. Reiteramos nuestro enérgico y total rechazo a la utilización continua del Mar Caribe para el tránsito y el trasbordo de materiales nucleares y desechos tóxicos, dada la amenaza que cualquier derrame accidental o inducido de estos materiales representaría para la vida y los ecosistemas de la región.

30. Reafirmamos la importancia del Acuerdo entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales e instamos a su pronta ratificación e implementación. Asimismo, reafirmamos la importancia de la cooperación internacional en la prevención de Desastres Naturales, a través del fomento de actividades científicas y técnicas que fortalezcan las capacidades de los Estados Miembros y Miembros Asociados para atender las causas de vulnerabilidad, enfrentar los desastres y reducir su impacto negativo, a través de la formación y adiestramiento permanente del recurso humano.

31. Nos pronunciamos porque en aquellos países donde no opera así se reconozca la necesidad de que las Organizaciones del Manejo de Desastres (OMD) nacionales operen de manera independiente y que en consecuencia les sean asignados presupuestos autónomos, con el fin de que sirvan tanto para las labores de atención y respuesta ante la emergencia, como para la instrumentación de planes y programas de prevención, mitigación y reducción.

32. Tomando en cuenta la importancia del tema de gestión de riesgo, el cual éste implica intensificar todas las acciones hacia el riesgo como proceso, nos comprometemos a incluirlo como una plataforma que oriente la inversión dentro de los programas de desarrollo económico y social de nuestros países.

33. Recomendamos que los Estados Miembros y Miembros Asociados consideren la posibilidad de crear Fondos Nacionales Post-Desastres que respondan a las necesidades de financiamiento en las áreas de rehabilitación, reconstrucción y mitigación del riesgo ante los desastres.

34. Reconocemos la importancia de un transporte aéreo y marítimo eficaz con el objeto de instrumentar el programa "Unir al Caribe por Aire y Mar". Estas modalidades de transporte son imprescindibles para el desarrollo del comercio y el turismo regionales y para la autosustentabilidad de la región. En este contexto, instamos a que se continúen las negociaciones que conduzcan a la conclusión del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre los Estados Miembros y los Miembros Asociados de la AEC que así lo deseen, así como a que se diseñe e implante la base de datos portuarios y marítimos, requerida por el sector público y privado.

35. Acogemos con beneplácito el inicio de programas de actividades académicas, en materia de transporte marítimo, por parte de la Universidad Marítima del Caribe, con sede en el Estado Vargas, Venezuela, cuyas áreas y niveles académicos contribuyen al desarrollo del recurso humano de los países del Gran Caribe así como la creación de un Centro Coordinador Regional para utilizar todas las potencialidades existentes en los distintos Estados Miembros y Miembros Asociados

36. Reconocemos el hecho indiscutible de que la erradicación de enfermedades es vital para nuestro bienestar social y para la prosperidad económica, y nos preocupa la gran amenaza que representa la pandemia del VIH/ SIDA para el desarrollo económico sostenido y la estabilidad social de nuestros países. Recordamos además la Declaración de Compromisos emanada de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre VIH/ SIDA de junio de 2001, que señala, entre otros aspectos, "estimular y apoyar a las organizaciones locales y nacionales para ampliar y fortalecer las sociedades, coaliciones y redes regionales" en la lucha contra el VIH/ SIDA. Por lo tanto fortalecemos nuestro compromiso colectivo para la erradicación de esta pandemia.

37. En este contexto, apoyamos un programa básico de educación pública; la cooperación internacional para promover el acceso de todos, sin discriminación, a los productos farmacéuticos, materia primas o tecnologías médicas fundamentales de prevención, cura o alivio; y la promoción de programas de control de las enfermedades de transmisión sexual aplicando tratamientos con enfoque sindrómico, especialmente en los países con menos recursos económicos.

38. Recordando que la Primera Cumbre de la Unión Europea /América Latina y el Caribe (UE/ ALC), celebrada en 1999, definió una asociación estratégica, encaminada hacia el desarrollo de relaciones políticas, económicas y culturales entre las dos regiones, reconocemos que la Segunda Cumbre UE/ALC, a celebrarse en Madrid, España, en mayo de 2002, será una ocasión oportuna para consolidar dicha asociación y promover la interlocución participativa y equitativa de los países del Gran Caribe frente a la UE.

39. Expresamos la necesidad de incrementar los recursos del Fondo Especial de la AEC, como mecanismo para la instrumentación de proyectos en las áreas prioritarias de la Asociación. En este sentido, apreciamos los esfuerzos de Venezuela por la realización de las negociaciones conducentes al establecimiento de un Mecanismo de Cooperación a través del cual, la AEC podrá acceder a recursos del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, así como el inicio de las negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para la suscripción de un Convenio de Cooperación con la AEC. Asimismo acogemos con beneplácito la celebración del Acuerdo de Cooperación con la Organización Internacional de la Francofonía, cuyo propósito es reforzar la capacitación del idioma francés en la Secretaría de la AEC y el Gran Caribe.

40. Reconocemos la importancia de generar compromisos para incrementar los vínculos y fortalecer las relaciones con otras agencias regionales e internacionales de cooperación, dedicadas al financiamiento de recursos y prestación de asistencia técnica, en función de las necesidades estratégicas de la región.

41. Reconocemos y valoramos la significativa contribución que la sociedad civil realiza al fortalecimiento y al desarrollo de la AEC, por ello la instamos a continuar con su importante aporte en la consolidación de la Zona de Cooperación del Gran Caribe.

42. Esperamos alcanzar la universalidad de la Membresía como se prevé en el Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe e instamos a aquellos Países y Territorios elegibles a que den los pasos necesarios para convertirse en Miembros Asociados.

43. Reiteramos la importancia del diálogo político de los Jefes de Estado y/ o de Gobierno de la AEC con el objetivo de fortalecer a la AEC como un foro importante para la cooperación, la consulta y la acción concertada.

44. Expresamos nuestra más profunda gratitud al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Su Excelencia Hugo Chávez Frías, y al Gobierno y pueblo venezolanos, por su cálida acogida y generosa hospitalidad puesta de manifiesto durante la celebración de esta Tercera Cumbre.

Para dar cumplimiento a los principios y objetivos expresados en esta Declaración, acordamos aprobar el Plan de Acción adjunto e instruimos al Consejo de Ministros, en cumplimiento del Articulo VIII del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe, realizar el seguimiento y evaluación en la instrumentación del mismo en su próxima Reunión Ordinaria, y formular las políticas y orientaciones que garanticen la ejecución del mismo en el más corto plazo.