Política de Estados Unidos con respecto a la Región Andina

La región andina representa un reto y una importante oportunidad para la política exterior de Estados Unidos en los próximos años. Importantes intereses nacionales de Estados Unidos están en juego en la región. La democracia está bajo presión en todos los países de los Andes, donde crecen dudas sobre la capacidad de los gobiernos democráticos para ofrecer los servicios básicos y mayor prosperidad. El desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconsistente. Los Andes continúan produciendo virtualmente toda la cocaína del mundo y una creciente cantidad de heroína, lo que representa una amenaza directa a nuestra salud pública y nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas persistentes se relacionan entre sí. Las economías deficientes producen malestar político que amenaza a la democracia y proveen mano de obra para la producción y tráfico de narcóticos y los grupos ilícitos armados. Las instituciones democráticas débiles, la corrupción y la inestabilidad política desalientan las inversiones, contribuyen al lento crecimiento económico y proveen terreno fértil para el surgimiento de los traficantes de drogas ilícitas y otros grupos al margen de la ley. El comercio de drogas ilícitas también tiene el efecto de distorsionar la economía y desalentar las inversiones legítimas. Ninguno de los problemas de la región puede ser resuelto por separado. Más bien, todos ellos deben ser atendidos de manera abarcadora, junto con iniciativas apropiadas de diplomacia pública para adelantar nuestras metas en la región. Por esa razón el Departamento de Estado propone la asignación de casi 880 millones de dólares en fondos del Año Fiscal 2002 para la Iniciativa Regional Andina de la administración.

Metas primordiales del gobierno de Estados Unidos en los Andes

1. Promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas 2. Fomentar el desarrollo económico sostenible y la liberalización del comercio 3. Reducir significativamente en la fuente la oferta de drogas ilícitas a Estados Unidos, reduciendo al mismo tiempo la demanda en Estados Unidos.

1. Democracia

La democracia en la región está bajo presión de una amplia variedad de fuentes. Las instituciones débiles, las rencillas políticas y la corrupción en toda la región reducen el apoyo popular a la democracia cuando la mayoría de las economías se desempeñan mal. El respeto a los derechos humanos ha mejorado, pero todavía no es uniforme en toda la región. El vínculo de una insurgencia violenta en Colombia atizada por los cientos de millones de narcodólares desestabiliza esa democracia de larga data. También preocupa que el comercio de las drogas ilícitas se derrame a los países vecinos.

Establecimiento de instituciones democráticas
La democracia está bajo ataque y en los Andes y se erosiona la confianza en las instituciones democráticas esenciales. Hemos observado un aumento de tendencias en el cuerpo político que buscan, o aceptarían, soluciones no democráticas.

En Perú el gobierno que será elegido en junio enfrentará el importante reto de reconstruir las instituciones democráticas que fueron deliberadamente debilitadas durante la administración Fujimori. El gobierno resultante posiblemente se forme con miembros con poca o ninguna experiencia en gobierno, dado el mandato de diez años de Fujimori y sus políticas de concentrar el poder en la presidencia. El continuo escándalo de corrupción de la era de Fujimori ha afectado la confianza pública en el liderazgo político del país. Trabajaremos estrechamente con la próxima administración, que probablemente carezca de experiencia luego de la gestión de Fujimori, para fortalecer las instituciones democráticas y promover el buen gobierno.

La democracia de Ecuador está bajo la presión de movimientos populistas e indígenas cada vez más radicales, atizados por una crisis económica generalizada. El levantamiento de enero de 2000 que provocó la salida del presidente Mahuad por medios extraconstitucionales podría repetirse en el futuro cercano si siguen erosionándose los esfuerzos para aplicar reformas estructurales. Esta situación ha tenido como resultado cuatro presidentes en los últimos cinco años. La ayuda al gobierno de Noboa con apoyo al fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción generalizada, y la reactivación de los esfuerzos de reforma son esenciales para promover la estabilidad.

Bolivia está también en medio de un período de turbulencia ya que dos veces en el año pasado, grupos radicales han iniciado protestas violentas que dañaron gravemente a la economía y desafiaron al gobierno de Banzer. Esos grupos (incluyendo a cocaleros, campesinos indígenas, profesores y consumidores urbanos) tienen metas diversas y no siguen un liderazgo monolítico, aunque en el pasado han demostrado capacidad de trabajar en conjunto por oportunismo. El gobierno de Banzer ha evitado de una manera enérgica y digna de elogio, el enfrentamiento violento e hizo concesiones mientras trata de llegar hasta aquéllos que en la oposición están dispuestos a entablar un diálogo y moderar sus puntos de vista. La perspectiva de otras protestas todavía persiste. El gobierno democrático de Bolivia necesita el apoyo norteamericano para abordar la eficiencia gubernamental y combatir la corrupción. Existe también la imperiosa necesidad de asegurarse de que se mantenga y adelante el historial impresionante del país en cuanto a los esfuerzos contra las drogas ilícitas.

En Venezuela, nuestra política es seguir trabajando con el gobierno en asuntos de interés mutuo, incluyendo algunos aspectos de cooperación contra las drogas ilícitas, reforma judicial, comercio y medio ambiente, y canalizar la ayuda a las organizaciones privadas de voluntarios y otros grupos que fortalecen la democracia en Venezuela. Los programas de diplomacia pública dedicados a promover los beneficios de las instituciones independientes y de la mutua limitación y equilibrio de poderes serán un elemento clave de este esfuerzo.
Las ramas judiciales de la región son débiles e incapaces. Padecen de ineficacia, equipos y entrenamiento deficientes, bajos salarios, corrupción generalizada y en el caso de Colombia, intimidación. Como consecuencia, los casos legales, tanto criminales como civiles, languidecen durante años en el sistema, y frecuentemente resultan en decisiones cuestionables. Este fenómeno es el meollo del grave problema de la impunidad en la mayor parte de los países. La gente común no tiene confianza en el sistema judicial, lo que las empuja a buscar medios extrajudiciales para solucionar sus disputas o proteger sus intereses. Los inversionistas de Estados Unidos y otros inversionistas extranjeros han experimentado falta de protección segura de la ley, lo cual obviamente desalienta la inversión.

Las legislaturas de toda la región están divididas en peor grado por rencillas políticas y corrupción. En Ecuador, una enorme abundancia de pequeños partidos enemistados entre sí dificulta mucho la promulgación de leyes importantes. En la región ha se visto el fracaso de partidos políticos establecidos, lo que ha dado como resultado la elección a los cargos de candidatos sin experiencia y la radicalización de los candidatos populistas. El Congreso de Colombia está influenciado por los intereses de las drogas ilícitas.
Deberíamos estar preparados para dedicar importantes recursos para fortalecer las instituciones en los Andes. Los actuales programas de reforma judicial deberían reforzarse para cambiar los procedimientos anticuados e ineficaces, actualizar la legislación, promover un sistema judicial más independiente, dar entrenamiento a los fiscales, jueces y defensores públicos, modernizar los equipos e instalaciones judiciales, mejorar las condiciones y la seguridad en las prisiones. Debe hacerse hincapié en iniciativas contra la corrupción para restaurar la confianza de la gente en sus instituciones. Las organizaciones privadas de voluntarios, incluyendo los sindicatos, deberían ser fortalecidas y alentadas a tener una participación activa en la vida política. Deberían intensificarse los esfuerzos de diplomacia pública para respaldar estas políticas. Debería hacerse hincapié especial en las organizaciones privadas de voluntarios que trabajan con las grandes poblaciones indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú, dado que esos grupos cada vez más se consideran mal atendidos y distanciados de sus gobiernos.

Derechos humanos

La situación de los derechos humanos en Colombia es mala, como resultado de la prolongada violencia interna que afecta a ese país. La gran mayoría de las peores violaciones de los derechos humanos las cometen miembros de grupos ilegales armados y ocurren en áreas del país donde el gobierno no tiene presencia significativa. Los paramilitares de extrema derecha son responsables por la mayor parte de las matanzas extrajudiciales, pero las FARC y el ELN también cometen numerosas violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales humanitarias, tales como el reclutamiento obligatorio de menores, secuestro y uso indiscriminado de armas de fabricación casera. Defensores de los derechos humanos, miembros del Congreso, periodistas, jueces, investigadores, fiscales, dirigentes sindicales y otros ciudadanos privados son todos víctimas de asesinato, secuestro y amenazas.

Aunque creemos que el presidente Pastrana y el liderazgo de las fuerzas armadas de Colombia trabajan para terminar la desagradable colaboración de estas últimas con los paramilitares, algunos miembros militares y de la policía colombiana siguen manteniendo lazos con los paramilitares y en algunas regiones los militares colombianos parecen cerrar los ojos ante las actividades paramilitares. El gobierno de Pastrana, y el alto mando del ejército y la policía han expresado su determinación de romper todos los lazos con los paramilitares y procesarlos con el mismo vigor con que lo hacen con las guerrillas y, en realidad se ha hecho algún progreso. Estados Unidos se propone hacer que cumplan esa promesa y presionar en favor de mayores avances.

Necesitamos urgir al gobierno colombiano para que enjuicie plenamente a los violadores de los derechos humanos sea cual fuere su credo político. Sobre todo, el mandato de la ley debe ser ampliarse a muchas áreas geográficas donde ocurren desproporcionadas violaciones de los derechos humanos.

El entrenamiento de las fuerzas colombianas de seguridad en cuestiones de derechos humanos requiere atención permanente, y un apoyo considerable para reforzar las oficinas de derechos humanos en la Procuraduría y la Fiscalía. Necesitamos lograr también un compromiso mayor de parte del gobierno de Colombia para prevenir los ataques contra la población civil y los activistas de derechos humanos, y dar un mejor apoyo a la tarea de las organizaciones de derechos humanos responsables.

El resto de la región no puede ser ignorada. A pesar de que en ninguno de los países restantes hay una situación de derechos humanos tan problemática como la de Colombia, nuestros informes sobre derechos humanos han documentado problemas en todos ellos. Necesitamos seguir trabajando con los gobiernos y las organizaciones voluntarias privadas en cada país para resolver las cuestiones problemáticas. En Perú esto significará ayudar a reconstruir las instituciones debilitadas por el persistente socavamiento durante los años de Fujimori, tarea admirablemente iniciada por el gobierno de Paniagua.
Insurgencia colombiana y proceso de paz

La insurgencia en Colombia ya tiene 40 años de antigüedad y tiene recursos más grandes que nunca debido al influjo en los cofres de la guerrilla y de los paramilitares del dinero procedente del tráfico de drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión. El proceso de paz se ha estancado porque la disposición de las FARC para negociar de buena fe cada vez está sujeta a más interrogantes. Un posible entendimiento con la organización más pequeña ELN depende de que la población local acepte la creación de una "zona de encuentro", desmilitarizada, que permita negociaciones en un ambiente que las guerrillas consideren seguro.

Todos los vecinos de Colombia están afectados en un grado u otro por la violencia en ese país Las FARC y el ELN cruzan desde hace años las fronteras internacionales para descansar, recreación y reabastecimiento. También se han dedicado periódicamente al secuestro, extorsión, y tráfico de drogas ilegales y armas hacia países vecinos. La organización AUC, cada vez más poderosa, ha comenzado a operar cruzando fronteras internacionales, lo que aumenta la posibilidad de que el conflicto armado se extienda a los países vecinos.

El conflicto ha generado hasta ahora relativamente pocos refugiados hacia países vecinos, aunque claramente existe el potencial de más de ellos si el conflicto se intensifica. Ha generado una cantidad importante de personas internamente desplazadas (PID) y las instituciones del gobierno colombiano tienen dificultades para atenderlas.

El apoyo al proceso de paz colombiano sigue siendo un elemento vital de la política de Estados Unidos. A pesar del lento progreso alcanzado hasta hoy, el proceso de paz representa la mejor oportunidad de Colombia para salir del ciclo de cuarenta años de violencia. Una solución militar no es una opción viable, porque las fuerzas armadas de Colombia no son suficientemente fuertes para enfrentar a los grupos de fuerzas irregulares que tienen crecientes ingresos procedentes del tráfico de drogas ilícitas. Los grupos insurgentes ni se acercan a la capacidad de derrocar al gobierno. Sin embargo, algún tipo de arreglo negociado sigue siendo la mejor solución posible, aunque requiera años conseguirlo, y no se logre mientras Colombia no reduzca el financiamiento de la insurgencia por parte del tráfico de drogas ilícitas y mejore la capacidad de sus fuerzas armadas y de la policía para que se conviertan en una amenaza cierta para los grupos ilegales armados y ofrezcan una adecuada protección a la población civil colombiana.

De manera similar tenemos que trabajar con los países vecinos y darles el apoyo a sus esfuerzos para contener la violencia en Colombia. Esos esfuerzos deben enfocarse en fortalecer su capacidad de hacer frente al desorden que impera en las zonas fronterizas, preparándolos para un posible flujo de refugiados y ayudándolos con programas de desarrollo alternativo. El gobierno colombiano también necesita ayuda en sus esfuerzos para atender a la gran cantidad de personas internamente desplazadas en Colombia, para reasentarlos y reintegrarlos a la economía. Los esfuerzos de diplomacia pública para explicar y crear apoyo a nuestros políticas y programas será muy importante. Con apoyo del Congreso el financiamiento de esos esfuerzos debe ser puesto a disposición de la Iniciativa Regional Andina.

2. Desarrollo económico y comercio

Todas las economías de la región han tenido dificultades en años recientes, y siguen siendo vulnerables a los reveses. Colombia, con elevado desempleo y falta de confianza de los inversionistas, principalmente por la inestabilidad política y la violencia, posiblemente sea el más vulnerable. A medida que se realizan las actividades contra las drogas ilícitas, dichas medidas deben ir acompañadas de programas de desarrollo alternativo diseñados para atraer a la economía legal a los ex cultivadores de la hoja de coca y la adormidera para opio. Ecuador atravesó una intensa crisis económica en 1999, y todavía es vulnerable. Los crecientes precios del petróleo han ayudado a la economía de Ecuador y contribuido a una dolarización exitosa que ha permitido restaurar la confianza en la economía. No obstante, importantes reformas estructurales, particularmente en el sector de la banca, están pendientes y son necesarias para una recuperación sostenible. Luego de la fuerte recesión de 1999, Venezuela se ha beneficiado de los altos precios del petróleo, pero los inesperados ingresos petroleros han permitido que el gobierno siga ampliando sus programas sociales y postergue las necesarias reformas estructurales. Si los precios petroleros caen y permanecen bajos por un largo período, la economía de Venezuela sufrirá y el gobierno de Chávez posiblemente enfrente una grave crisis política y económica. Bolivia y Perú tienen economías de bajo desempeño a pesar de sus políticas macroeconómicas generalmente adecuadas, pero enfrentan la incertidumbre debido a las próximas elecciones venideras y las futuras políticas macro económicas.

Desarrollo económico sostenible

Económicamente, la región andina es bastante diversa, pero los países comparten muchas características. Cada país andino tiene una profunda división entre una élite pequeña y próspera y una clase empobrecida, con frecuencia de origen indígena. Algunos carecen de la combinación de políticas necesarias para fomentar el crecimiento. Otros tienen políticas correctas pero carecen del apoyo popular necesario para mantenerlas a largo plazo. El desarrollo está ligado estrechamente a la estabilidad política de la región.

Lo que quizás sea de importancia mayor para los intereses de Estados Unidos es el desarrollo alternativo, que ofrece opciones legítimas al cultivo de la coca y la adormidera. Desde hace varios años hemos aplicado importantes programas de desarrollo alternativo en Bolivia y Perú, y han tenido bastante éxito, al combinarse con programas de erradicación agresiva e interceptación para lograr reducciones importantes en la cosecha de coca en esos países. Colombia trata de repetir ese éxito con el Plan Colombia; al combinar un nuevo programa de desarrollo alternativo con la erradicación aérea y las actividades de interceptación al sur de Colombia (actualmente la concentración de cultivos de coca más grande del mundo), Ecuador necesita ayuda adicional para el desarrollo alternativo en la región de la frontera norte para evitar la propagación de los cultivos a esa área.

La ayuda tradicional de desarrollo (AD) y los fondos de apoyo económico (ESF), que no están directamente relacionados con los programas contra las drogas ilícitas, también son importantes para ayudar a dar impulso a las economías debilitadas y reducir las disparidades de ingresos entre clases, grupos y regiones en los Andes que contribuyen a los disturbios políticos. Bolivia, en particular, es uno de los países más pobres de la región y se beneficia de la iniciativa de la deuda de los Países Pobres Fuertemente Endeudados (PPFE), cuyo objeto es lograr que los ahorros del alivio de la deuda se dediquen a reducir la pobreza. Ecuador ha llenado también los requisitos de alivio de su deuda en el Club de París. Ecuador, Perú y Colombia también tienen urgentes necesidades de ayuda de desarrollo y respaldo económico. Venezuela, uno de los principales países exportadores de petróleo, tiene bases menos dramáticas para la ayuda económica, aunque algunos programas específicos podrían ser útiles, si el gobierno de Venezuela se comprometiera a ellos.

Necesitamos dar atención especial a la educación en los planes de desarrollo para esas naciones, en reconocimiento de la función decisivo de la educación en el desarrollo económico. La ayuda educativa a la región (becas, donaciones, etc.) debería aumentarse de manera significativa, en especial para los sectores indígenas de la población. Esperaríamos el establecimiento en la región andina de uno de los "Centro Educativos para la Excelencia" anunciados por el presidente el 21 de abril. Los esfuerzos de diplomacia pública financiados por medio de la Iniciativa Regional Andina apoyarán estas metas.
Medio ambiente

La región incluye algunos de los ecosistemas más únicos en su género del mundo, entre ellos los Andes y el Amazonas, al igual que tesoros ecológicos como las Islas Galápagos. Muchas de las maravillas naturales de la región se ven amenazadas por el desarrollo invasor y son vulnerables a otros embates. Hay una necesidad apremiante de ayuda técnica y ayuda al desarrollo continuas, sobre la base de los programas existentes, para permitirles a estos países equilibrar mejor sus necesidades legítimas de desarrollo económico con el imperativo de proteger sus recursos naturales y preservar su diversidad ecológica única en su género. Es necesario desarrollar, aplicar y poner en vigor modelos que permitan el crecimiento económico sostenible sin causar daño irreversible al medio ambiente. Necesitamos también desarrollar programas para ayudar a reparar el daño ambiental provocado por la producción de drogas ilícitas.

Renovación de la ATPA

Quizás la mayor contribución individual de corto plazo al crecimiento económico y la prosperidad de los Andes sería la renovación de la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA), y la expansión de sus beneficios. La legislación se aprobó originalmente para ofrecer alternativas económicas a la producción y tráfico de drogas en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y ha tenido éxito en conseguirlo sin causar un impacto económico adverso para Estados Unidos. La justificación original de la legislación persiste todavía, pero la ley expira a fines de año y debería ser renovada lo antes posible. La administración apoya colaborar con el Congreso para expandir los beneficios de la legislación.

ALCA

Para los países andinos, la incertidumbre hace aún más difícil competir por la inversión, y hace aún más importante que optimicen sus políticas para atraer esa inversión. Desafortunadamente, la liberalización comercial se ha desenvuelto de manera desigual en la región. La mayoría de los países mantienen todavía barreras al comercio y la inversión que retardan el crecimiento económico. El Area de Libre Comercio de las Américas podría ayudar a toda la región a obtener, mediante el comercio libre, los beneficios de la inversión incrementada y la generación de empleos. Continuaremos también colaborando con todos los países andinos en torno a cuestiones comerciales que nos interesan, tales como los derechos de propiedad intelectual (DPI).
Hay en la región varios países con los que hemos mantenido negociaciones periódicas sobre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), entre ellos Colombia, Perú y Venezuela. Colombia ha introducido cambios constitucionales en sus cláusulas de expropiación que allanan el camino hacia un TBI final. Perú ha expresado recientemente renovado interés en un TBI, y Venezuela sigue siendo una posibilidad, dados los recientes cambios ministeriales. Sin embargo, del lado de Estados Unidos hay varias cuestiones de política de inversión que demoraron la conclusión de los TBI ratificados por el Senado en el otoño pasado. Estos problemas no han sido resueltos aún.

3. Ayuda antidroga y a la ejecución de la ley

El apoyo de Estados Unidos a las acciones antidrogas en los Andes tiene el propósito de reducir la producción ilícita de coca un 20 por ciento para fines de 2002 (año base: 1999), y un 40 por ciento para fines de 2007. Esto incluye una reducción del 30 por ciento en la producción colombiana de coca y la eliminación de la producción ilegal de coca en Bolivia para fines de 2002. La Estrategia Nacional de Control de Drogas se concentra en la prevención, el tratamiento, la investigación, la aplicación de la ley, la protección de nuestras fronteras, la reducción de la oferta de drogas y la cooperación internacional. Mediante una gama equilibrada de acciones de reducción de la demanda y reducción de la oferta, nos esforzamos para reducir a la mitad la adicción a drogas y la disponibilidad de éstas, y las consecuencias de la adicción a drogas en por lo menos 25 por ciento para 2007. Con este fin, el financiamento de la reducción de la demanda se ha duplicado con exceso desde el año fiscal 1999 y es más del doble de lo que Estados Unidos gasta en todos los programas estadounidenses internacionales y de interceptación combinados.

Los países andinos producen virtualmente toda la cocaína del mundo, y en años recientes se han convertido en el proveedor de heroína más importante de la costa oriental de Estados Unidos. La ayuda de Estados Unidos a la región para combatir la producción y tráfico de drogas ha sido significativa, y ha logrado algunos éxitos notables. En los últimos cinco años el cultivo de coca en Perú y Bolivia ha sido reducido cerca de un 70 por ciento. Estos avances, sin embargo, se han visto anulados, en su mayor parte, por la expansión espectacular del cultivo de la coca en Colombia, plagada de conflictos, donde los traficantes, para prosperar y expandirse, han sacado partido de la falta de presencia gubernamental en las áreas rurales. Las organizaciones guerrilleras y los paramilitares ilegales están involucrados en todos los aspectos del comercio de drogas en las zonas bajo su control. Establecen cuotas de producción, cobran impuestos a la producción; proveen semillas y suministros, se establecen a sí mismos como los únicos agentes de compra de coca (con severas penas para los que venden a competidores) y controlan una cantidad significativa de la producción, que venden a los carteles internacionales de la droga.

Debido al éxito de la reducción de la oferta en Perú y Bolivia, la producción mundial de cocaína disminuyó casi un 20 por ciento entre 1995 y 1999. Esa disminución continuó en 2000 en Perú y Bolivia, pero, debido al aumento del cultivo de coca en Colombia, la producción general en todo el mundo se mantuvo estadísticamente estable en 2000. El potencial de producción de la cocaína colombiana ha aumentado más de 150 por ciento desde 1995.

Los patrones de consumo de la cocaína también han cambiado significativamente. El número de consumidores estadounidenses de cocaína ha caído un 70 por ciento desde su máximo en los años 80, lo que refleja una declinación radical del consumo esporádico de cocaína en Estados Unidos. Por consiguiente, la mayor parte de la cocaína la consumen los adictos empedernidos. El consumo total de cocaína en Estados Unidos se ha mantenido estable desde 1997 en alrededor de 300 toneladas métricas anuales. Sin embargo, el consumo de cocaína en Europa y los países andinos de origen de la droga ha aumentado drásticamente en el mismo período, y estos dos grupos, tomados en conjunto, consumen aproximadamente la misma cantidad que Estados Unidos. El precio de la cocaína en Estados Unidos se ha mantenido estable o ha caído ligeramente, lo que refleja la continua y pronta disponibilidad. La continua presión sobre la demanda en Estados Unidos, unida a un apoyo apropiado en los países de origen andinos, debería crear un incentivo negativo a la producción ilegal de coca. La variable no controlable del mercado es el consumo de cocaína fuera de Estados Unidos.

Plan Colombia

La fuerte concentración de la industria de la cocaína en el sur de Colombia en los últimos años, protegida por un ambiente al margen de la ley promovido por una fuerte presencia y participación de las FARC y los paramilitares en el comercio de drogas, plantea tanto un reto como una oportunidad a la política estadounidense y colombiana. La respuesta del gobierno colombiano, que cuenta con nuestro apoyo, fue el Plan Colombia, programa de 7.500 millones de dólares y cinco años de duración, al cual Estados Unidos ha prometido más de mil millones de dólares en ayuda. Este ambicioso programa tiene un potencial tremendo, pero le llevará tiempo alcanzar el éxito, aunque los esfuerzos de erradicación e interceptación ya van comenzando con rapidez. Mantener el impulso de este programa es esencial para nuestros objetivos en la región.

Esfuerzos regionales para complementar el Plan Colombia

A todos los vecinos de Colombia les preocupa la posibilidad de un "derrame", específicamente en el sentido de que la presión aplicada por el gobierno colombiano en el sur de Colombia resulte en el movimiento de refugiados, guerrilleros, paramilitares y/o traficantes de drogas hacia otros países a través de las fronteras porosas. Si bien le recalcamos a la región nuestro punto de vista de que los efectos corrosivos de la producción y el tráfico de drogas se han venido "derramando" durante años a través de las fronteras de Colombia, no creemos que el Plan Colombia resulte en la huída de un número significativo de refugiados, ni en un aumento significativo de las operaciones transfronterizas de las FARC, el ELN o las AUC. Creemos, sin embargo, que resultará en un dislocamiento importante de la industria de la cocaína. Los traficantes tratarán, indudablemente, de reubicarse a medida que sus operaciones en el sur de Colombia queden dislocadas. Creemos que, primero, tratarán de reubicarse en otras zonas atractivas dentro de Colombia, luego tratarán de regresar a sus áreas de cultivo tradicionales en Perú y Bolivia. Pero si se contienen estas operaciones, pueden muy bien tratar de trasladar más cultivos, procesamiento y/o rutas de tráfico a otros países como Ecuador, Brasil o Venezuela.

Para impedir que los traficantes se reubiquen simplemente en otras partes, es necesario reforzar nuestros esfuerzos antidrogas en los países vecinos. Por esa razón, en la asignación para el Plan Colombia en el año fiscal 2001 se separaron 180 millones de dólares para otros países de la región. A medida que avanza el Plan Colombia, será necesario evaluar constantemente la reacción de los traficantes y su potencial de restablecer la industria de la cocaína fuera de Colombia. Según evolucione la amenaza de las drogas fuera de Colombia, podemos tener necesidad de acelerar esta ayuda, o considerar un tipo de ayuda diferente, de modo que a los traficantes se les impida establecer una nueva zona de producción de coca. Esta ayuda tiene que equilibrarse con la interceptación y la aplicación de la ley, la erradicación, el desarrollo alternativo y la reforma judicial, dirigidos cuidadosamente hacia diferentes objetivos en cada país, a fin de satisfacer las necesidades individuales. En la región serán esenciales las consultas. Se necesitarán programas de diplomacia pública para explicar y respaldar el programa con financiamiento ampliado provisto a través de la Iniciativa Regional Andina.

Reducción de la demanda

Al programa andino lo complementa un aumento significativo de fondos destinados a la reducción de la demanda interna en Estados Unidos. Dado que los adictos empedernidos consumen en Estados Unidos una proporción mucho mayor de la cocaína que los consumidores esporádicos, es necesario que los esfuerzos de reducción de la demanda incluyan un esfuerzo más intenso para cerrar la brecha del tratamiento público.

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 1998 sobre la Adicción a Drogas, el estimado de la diferencia entre aquéllos que necesitan tratamiento y aquéllos que en realidad lo reciben (brecha del tratamiento) es de aproximadamente 2,9 millones de personas.

En la última década, el Presupuesto Nacional de Control de Drogas destinado a reducir la demanda ha aumentado más de 60 por ciento, hasta un nivel de 5.800 millones de dólares en el año fiscal 2001. Este aumento es en su mayor parte resultado de los esfuerzos para ofrecer capacidad adicional de tratamiento de drogas, alentar el uso de programas basados en la investigación y enviar mensajes de prevención dirigidos específicamente a la juventud. Para atender la necesidad de capacidad adicional de tratamiento efectivo de la adicción a drogas, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) apoya programas que hacen que los servicios de tratamiento estén más ampliamente disponibles y sean más responsivos a las necesidades de servicio identificadas localmente.

Por ejemplo, el programa de Expansión de la Capacidad de Tratamiento Singularizado (TTCE) se estableció para dar servicios de tratamiento en áreas donde surge o existe ya la necesidad de esos servicios. De acuerdo con la Ley de Comunidades Libres de Drogas de 1997, una iniciativa nacional concede subsidios federales directamente a coaliciones de comunidades de Estados Unidos. Se han aplicado también esfuerzos substanciales para estimular el uso de programas de prevención y tratamiento basados en la investigación.

Un ejemplo es la Red de Pruebas Clínicas de Tratamiento, que trata de salvar la brecha entre la investigación y la práctica. Además, el Programa Nacional de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas respalda programas de prevención innovadores al otorgar subsidios a las comunidades que pongan en práctica en las escuelas programas basados en la investigación. Otro programa importante para reducir la población estadounidense de adictos utiliza el tratamiento de consumidores encarcelados. Finalmente, la Campaña de los Medios de Comunicación contra las Drogas entre los Jóvenes, dirigida a objetivos específicos, de alto impacto, que hace hincapié en la publicidad en medios múltiples, es un esfuerzo multidimensional concebido para educar y facultar a los jóvenes para que rechacen las drogas ilícitas.

Si se considera la tasa creciente de adicción y consumo de drogas en los países de origen, necesitamos acoplar los esfuerzos de reducción de la oferta al apoyo a los programas de reducción de la demanda del país anfitrión. Los programas de Reducción de la Demanda Internacional tienen el fin de: crear apoyo público y político en los países de producción y tránsito para que cooperen con Estados Unidos en reducir la oferta; fortalecer la voluntad de la comunidad internacional en favor de políticas antidrogas abarcadoras; aumentar la comprensión de sus propios problemas de consumo de drogas en países y regiones claves; mejorar las encuestas epidemiológicas y las iniciativas de concientización pública; educar a la comunidad internacional en torno a las políticas y programas estadounidenses para combatir la adicción a drogas; y establecer alianzas multilaterales efectivas para combatir el consumo de drogas. En apoyo de estos objetivos, hemos ofrecido información a visitantes internacionales, hemos apoyado esfuerzos contra la legalización emprendidos por organizaciones no gubernamentales, hemos servido de mecanismo coordinador con las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, y hemos compartido conjuntos de datos con varios países para mejorar la vigilancia de los problemas de salud y sociales relacionados con las drogas.

Una de las críticas constantes que encaramos en América Latina mientras trabajamos en el terreno de la lucha antidroga, es que Estados Unidos no hace lo suficiente para refrenar la demanda interna. Si bien hemos tenido algún éxito en ir más allá de la tradicional y estéril disputa entre países de oferta y países de demanda, y hemos invertido un esfuerzo considerable para explicar todo lo que hacemos en nuestro país para atender nuestros problemas de drogas, esto sigue siendo un tema de discusión. Al presente, el consumo total de cocaína en América del Sur y Europa compite de cerca con el consumo en Estados Unidos, lo que vuelve borrosa la vieja línea de distinción entre naciones productoras y naciones consumidoras y demuestra que la reducción de la demanda no es un simple problema estadounidense. Al proseguir con decisión con nuestros propios esfuerzos de reducción de la demanda, promovemos el apoyo político de los gobiernos extranjeros en favor de la reducción de la oferta y eliminamos un problema politizador potencial.

Ayuda de seguridad

La capacidad de las fuerzas armadas andinas de llevar a cabo sus misiones esenciales de apoyar las instituciones democráticas, controlar las fronteras internacionales y respaldar los esfuerzos antidrogas ha declinado significativamente en la última década. En general, las fuerzas armadas andinas se ven limitadas en su capacidad de realizar las misiones que les son requeridas. También se ven todavía influidas, en cierto grado, por rivalidades regionales históricas, que no reflejan amenazas reales y actuales a la seguridad nacional. La mayoría soporta la carga de un equipo en deterioro u obsoleto que cada vez se vuelve más difícil y caro de mantener y operar. Se beneficiarían enormemente de una modesta inyección de ayuda de seguridad en forma de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) y Adiestramiento y Educación Militares en el Extranjero (IMET) y del contacto incrementado con militares estadounidenses en general. El impacto en términos de profesionalismo, respeto a los derechos humanos y preparación para emprender misiones sería apreciable.

Es necesario que sigamos trabajando con las fuerzas armadas de los países anfitriones, la Organización de los Estados Americanos y la Junta Interamericana de Defensa (JID) para recalcar la subordinación a la autoridad civil legítima, la adhesión a las normas constitucionales y el respeto a los derechos humanos. Es necesario que mejoremos la cooperación regional a través del proceso de las Ministeriales de Defensa de las Américas y otras estructuras de defensa regional hemisférica, y que vinculemos más estrechamente este proceso con el proceso general de la Cumbre de las Américas para reducir la división entre civiles y militares que es evidente en la mayoría de los países andinos. Es necesario también que invirtamos fuertemente en el mejoramiento de la calidad y competencia de los civiles que trabajan en los ministerios de defensa de las naciones anfitrionas. Actualmente, hay falta de conocimientos y experiencia en la comunidad civil en torno a la toma de decisiones y la administración de recursos de la defensa, la política de defensa y las relaciones entre civiles y militares. El adiestramiento apropiado puede cubrir esta necesidad.

Es necesario que colaboremos con las naciones anfitrionas para estimular la reevaluación de sus misiones de seguridad nacional, restarle hincapié a las tradicionales rivalidades entre las fuerzas de seguridad para adaptarse a los retos cambiantes en materia de seguridad, inclusive las amenazas transnacionales como las drogas y la migración ilegal, el socorro y la ayuda humanitaria en casos de desastres, el mantenimiento de la paz y la protección ambiental. Deberíamos, en calidad de medidas de creación de confianza para disminuir la importancia de antiguas rivalidades, alentar la resolución de antiguas disputas fronterizas, apoyar la transparencia de los presupuestos militares y estimular el intercambio de información e inteligencia en relación con amenazas transnacionales.

Deberíamos estar preparados para aumentar nuestros contactos entre militares mediante ejercicios, educación y adiestramiento profesionales, intercambio profesional y visitas entre homólogos y otros programas. Las naciones anfitrionas necesitarán ayuda para seguir adelante con la modernización racional y apropiada del equipo militar para reemplazar equipo obsoleto que actualmente es parte del inventario. El uso del programa de Ventas Militares en el Extranjero (FMS) ampliará nuestros vínculos con las fuerzas armadas de las naciones anfitrionas, promoverá la capacidad de operar recíprocamente con las fuerzas estadounidenses y aliadas y mejorará la capacidad de acción regional combinada, especialmente en operaciones de mantenimiento de la paz y socorro en casos de desastres.

4. Contribución internacional y del país anfitrión

Las naciones de la región ya se han comprometido firmemente en todas las tres principales áreas de interés: democratización, desarrollo económico y esfuerzos contra las drogas. Todas dedican porcentajes significativos de su presupuesto anual a estas áreas y todas están dispuestas a colaborar con nosotros en el diseño e integración de programas exitosos, asegurando que nuestros esfuerzos se combinen bien con los de ellas. Es imposible obtener cifras exactas, dado que las naciones dividen sus presupuestos de muchas maneras diferentes que no coinciden netamente con las categorías de la ayuda estadounidense propuesta, pero, en total, comprometen miles de millones de dólares para el desarrollo económico, la democratización y los esfuerzos contra las drogas en toda la región. Por ejemplo, Ecuador ha establecido la Iniciativa de la Frontera Norte para promover mejores seguridad y desarrollo en la región fronteriza con Colombia. Brasil ha emprendido la Operación Cobra, esfuerzo de aplicación de la ley que se concentra en la región de la Cabeza del Perro, fronteriza con Colombia. Además, Brasil ha ofrecido compartir con Colombia y sus otros vecinos andinos información sobre rastreo de sospechosos derivada de su Sistema de Vigilancia del Amazonas (SIVAM). Bolivia ha venido atacando la producción de drogas mediante su Plan Dignidad y desarrolla una estrategia general de reducción de la pobreza. Colombia sigue cumpliendo sus compromisos de acuerdo con el Plan Colombia. Panamá ha dado pasos concretos para mejorar la seguridad y el desarrollo en la región del Darién. El nuevo gobierno peruano ha hecho de la reforma de las instituciones democráticas una prioridad nacional y mantiene un historial impresionante de desempeño antinarcótico. En Venezuela, las autoridades locales han cooperado con decisión en la interceptación de drogas, de lo que es ejemplo el decomiso récord, el año pasado, de muchas toneladas durante la Operación Orinoco. Nuestra Iniciativa Regional Andina y nuestra estrategia se basan en estas estrategias nacionales y se interrelacionan con ellas.

De modo similar, los terceros países que son donantes y las instituciones financieras internacionales son particularmente activos en los aspectos de desarrollo económico y democratización, al proveer ayuda en forma de subsidios y préstamos orientados a objetivos específicos a los siete países que son motivo de preocupación. Continuaremos colaborando con las naciones anfitrionas y los contribuyentes internacionales para asegurar que estos programas de ayuda y los programas de las naciones anfitrionas estén respaldados adecuadamente y bien integrados.