El Departamento de Estado publica su informe anual sobre soborno

A continuación una traducción extraoficial de una nota del departamento a los medios de comunicación acerca del informe:

Departamento de Estado de Estados Unidos

Oficina del Portavoz

El Departamento de Estado publicó hoy "Combate contra el Soborno Internacional", su tercer informe anual al Congreso, que examina la aplicación y ejecución de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. El secretario de Estado Colin L. Powell resumió los objetivos estadounidenses en su prefacio del folleto:

Desde la aprobación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, Estados Unidos ha provisto liderato indispensable para que las empresas comerciales pudieran competir equitativamente en la economía mundial. Hoy, el imperio del derecho y las iniciativas contra la corrupción son elementos claves de la política exterior que promueven integridad y confianza tanto en las instituciones gubernamentales como en el mercado mundial.

Este informe analiza la legislación habilitadora de siete de los países que han ratificado la Convención desde nuestro informe 2000, y pone al día la información sobre otras 21 partes de la Convención. El informe ofrece también información actualizada de la aplicación de la Convención, medidas tomadas por los signatarios para terminar con la deducción impositiva de los sobornos, áreas donde la Convención podría ser fortalecida y los esfuerzos para alentar a que se unan a la Convención estados exportadores claves que no pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Nuestro examen de la legislación de los 27 países extranjeros en este informe indica que la mayoría de las partes han tomado medidas efectivas para hacer que el soborno de funcionarios públicos extranjeros sea ilegal de acuerdo con las leyes nacionales. Creemos, sin embargo, que las leyes de algunos países no alcanzan a cumplir con los requerimientos de la Convención. Nos inquietan también los continuos informes de supuesto soborno de funcionarios públicos extranjeros por parte de firmas basadas en países en los cuales la Convención está en vigor. Continuaremos urgiendo a estos países, tanto bilateralmente como en la OCDE, a remediar estas deficiencias legislativas y de ejecución. Todos los signatarios tienen interés en asegurar que todas la partes apliquen y ejecuten enérgicamente la Convención.

La Convención de la OCDE representa un elemento clave en la campaña más amplia de la administración para combatir la corrupción y promover la competencia justa. Estados Unidos inició y fue anfitrión del primero de una serie de Foros Mundiales sobre el Combate a la Corrupción. El primero se llevó a cabo en Washington, DC, en febrero de 1999, y el Segundo Foro Mundial, celebrado en Holanda en mayo de 2001, fue coauspiciado por Estados Unidos. Estas reuniones han hecho fuerte hincapié en combatir la corrupción en el servicio público. En nuestro propio hemisferio, Estados Unidos y más de otras 20 naciones han ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se negoció con los auspicios de la Organización de los Estados Americanos en 1996.

Otra parte importante de esta estrategia es llegar hasta las compañías y asociaciones empresariales norteamericanas para que estén mejor interiorizadas del ambiente internacional contra la corrupción. En mayo de 2001, el Departamento de Estado, en cooperación con los departamentos de Comercio y Justicia, publicó una nueva edición de nuestro folleto titulado "Combate contra corrupción mundial; administración del riesgo empresarial". Este folleto contiene información acerca de los beneficios de las políticas corporativas firmes contra la corrupción y ofrece a las empresas pautas sobre los requerimientos de la ley estadounidense y la Convención de la OCDE.

La Convención se aprobó en diciembre de 1997 y ha sido firmada por Estados Unidos y los otros 29 miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), además de otros cuatro países (Argentina, Brasil, Bulgaria y Chile). Al 29 de junio de 2001, sólo uno de los firmantes, Irlanda, no había depositado en la OCDE su instrumento de ratificación, y sólo cuatro, Irlanda, Brasil, Chile y Turquía, no habían aprobado aún legislación habilitadora.