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Instituto
de Relaciones Internacionales - Anuario 2002
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| Amnesty International |
| Informe 2002
Datos más destacados del Informe 2002 de Amnistía Internacional, que abarca el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre del 2001
A lo largo del continente, los disturbios civiles siguieron provocando situaciones que favorecieron la comisión de graves abusos contra los derechos humanos. En países como Angola, Burundi, Guinea, Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán o Uganda, miles de civiles desarmados padecieron algunas de las más atroces violaciones de derechos humanos cometidas en África -detención ilegal y reclusión, tortura y malos tratos, violación, asesinato y "desaparición"- a manos tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos armados de oposición. En Burundi, los soldados gubernamentales y los grupos armados de oposición mataron a centenares de civiles desarmados y centenares de miles de personas siguieron desplazadas en el interior. En Sudán, las compañías petrolíferas continuaron desempeñando un papel importante en los abusos contra los derechos humanos en relación con las fuerzas que utilizaban para proteger sus campos petrolíferos o el suministro de combustible a aviones con los que el gobierno bombardeaba de forma deliberada e indiscriminada a la población civil en las zonas en guerra del sur del país. A finales de año, se calcula que en Sudán había unos 4,5 millones de desplazados internos y que aproximadamente medio millón de personas más había buscado refugio en el exterior. Miles de refugiados de Sierra Leona y de Liberia y de desplazados internos de Guinea y Liberia sufrieron reiterados ataques y actos de acoso por parte de las fuerzas gubernamentales y de los grupos armados en las zonas fronterizas entre los tres países. La situación de los derechos humanos en Zimbabue se deterioró gravemente a causa de la utilización de la violencia, las detenciones, la tortura, los secuestros y los homicidios de naturaleza política por parte de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, el partido gobernante, y sus partidarios para reprimir a sus adversarios durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de marzo del 2002. La independencia de la judicatura y de la prensa así como la imparcialidad de la policía y del sistema penitenciario se vieron socavadas por las nuevas medidas y leyes aprobadas por el gobierno. Según los informes, en Burkina Faso y Camerún las fuerzas de seguridad ejecutaron extralegalmente a decenas de personas o siguieron sin dar cuentas del destino corrido por ellas en su lucha contra el bandolerismo y el auge de la delincuencia. A lo largo del año, en Nigeria los grupos parapoliciales o paramilitares llevaron a cabo detenciones ilegales, actos de violencia, torturas y homicidios. Los soldados mataron a centenares de personas en el curso de actos de represalia y de otras actuaciones en los disturbios interraciales registrados en Lagos y en zonas de las regiones del centro y el norte. Las investigaciones y sanciones de estas violaciones de los derechos 4 humanos fueron inexistentes o mínimas. Muchas de las víctimas no presentaron denuncias por temor a las represalias. Centenares de personas continuaron privadas de libertad por motivos políticos en países como Angola, Burundi, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, República Centroafricana, Ruanda, Suazilandia, Sudán y Zimbabue. Amnistía Internacional consideró posibles presos de conciencia a algunos de ellos. La difícil situación de presos y detenidos se vio agravada por las condiciones inhumanas de reclusión, el grave hacinamiento, las deficientes condiciones higiénicas y la falta de servicios y cuidados médicos básicos imperantes. Amnistía Internacional recibió informes de las condiciones atroces existentes en Nigeria, Togo y la República Democrática del Congo. A pesar de la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte, en Guinea, Somalia y Sudán se llevaron a cabo ejecuciones. Centenares de personas fueron condenadas a muerte en Burundi, Etiopía, Guinea, Kenia, Mauritania, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Sudan y Zambia. En Nigeria se dictaron penas de muerte y penas crueles, inhumanas y degradantes en aplicación de una nueva legislación penal, basada en la ley islámica (sharia), recientemente aprobada en varios estados septentrionales. El hecho de no hacer comparecer ante los tribunales a los responsables de las violaciones de derechos humanos siguió siendo un factor clave para la prolongación de esta clase abusos en la región. A finales del 2001, el Tribunal Especial para Sierra Leona, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en agosto del 2000 para juzgar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario seguía disponiendo de fondos insuficientes. No obstante, con el reconocimiento de un número creciente de países de la necesidad de poner en manos los tribunales a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, la tendencia comenzó a invertirse, aunque fuera lentamente. Merced a la fuerte presión nacional e internacional, el gobierno de Camerún tomó medidas para investigar algunos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. En Burkina Faso, un agente de las fuerzas de seguridad fue acusado de la ejecución extrajudicial de cuatro personas, entre las que había un importante periodista de investigación. Un tribunal belga logró procesar a cuatro ruandeses acusados de colaborar e instigar el genocidio de 1994, con lo que se reforzó el principio de jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ÁFRICA América Si bien a lo largo del año se registraron algunos hechos positivos, especialmente en relación con la lucha contra la impunidad y el uso de la pena de muerte, el clima internacional creado por la "guerra contra el terrorismo" declarada por el presidente Bush tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos representó una grave amenaza contra los avances de los derechos humanos en la región. Los atentados del 11 de septiembre fueron seguidos de una intensa reacción contra los musulmanes y las personas procedentes de Oriente Medio asentadas en Estados Unidos. También se llevaron a cabo detenciones en otros países como Paraguay y la República Dominicana. En Estados Unidos se detuvo a más de 1.200 personas, principalmente extranjeros, durante las investigaciones sobre los atentados. Las detenciones estuvieron rodeadas de gran hermetismo y se recibieron informes sobre reclusiones en régimen de incomunicación y malos tratos. Los motivos de preocupación en materia de derechos humanos planteados por la amplia legislación "antiterrorista" aprobada por el Congreso se vieron agravados por la Orden Militar presidencial para la creación de comisiones militares especiales con la finalidad de juzgar a personas de nacionalidad extranjera sospechosas de "terrorismo". Estos tribunales crearían un "sistema de justicia de segunda clase" para los ciudadanos extranjeros al conculcar expresamente algunas de las garantías básicas imperantes en el sistema de justicia estadounidense. Asimismo, en diciembre, y en medio del temor a que socavara el derecho a un juicio justo, se aprobó también en Canadá una nueva legislación antiterrorista. La nueva legislación sobre inmigración y refugiados aprobada en noviembre podría provocar que algunas personas fueran devueltas a países donde podrían sufrir violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, la crisis de derechos humanos en Colombia siguió creciendo y se teme que el ambiente creado tras el 11 de septiembre contribuya a agravarla. Tanto el ejército, con sus aliados paramilitares, como los grupos armados de oposición siguieron cometiendo graves violaciones y abusos contra los derechos humanos cuyas principales víctimas fueron los civiles. Los datos estadísticos del año son escalofriantes: más de 300 personas "desaparecidas", más de 4.000 civiles muertos al margen de los combates, la mayoría a manos de los paramilitares respaldados por el ejército, un sinnúmero de personas desplazadas y más de 1.700 secuestradas, principalmente por los grupos de la guerrilla. Al igual que en años anteriores, siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos cometidas por las fuerzas de seguridad y bajo custodia en al menos 20 países, entre ellos Argentina, Belice, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. En países como Brasil y México el uso de la tortura para obtener confesiones sirve a menudo para sustituir de hecho las técnicas de investigación modernas. En varios países, como Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, México, República Dominicana y Venezuela, se registraron homicidios ilegítimos cometidos por los agentes de las fuerzas de seguridad, a menudo como resultado del uso excesivo de medios letales. En Brasil, los "escuadrones de la muerte" parecen actuar en connivencia con las fuerzas de seguridad, y sólo en el estado de Sâo Paulo se denunciaron 481 homicidios a manos de la policía. En Jamaica, las fuerzas de seguridad dieron muerte al menos a 152 personas, entre ellas siete jóvenes que murieron en una casa en Braeton en circunstancias que sugieren que fueron ejecutados extrajudicialmente. En Argentina se recibieron informes sobre decenas de homicidios a manos de la policía en circunstancias controvertidas y más 30 personas murieron durante las manifestaciones celebradas a fines de año entre informes sobre el uso de fuerza excesiva. Las "desapariciones" continuaron siendo una práctica generalizada en Colombia. También se recibieron informes de casos en México y Venezuela, y al menos en otros ocho países familiares y amigos continuaron padeciendo la tortura diaria de desconocer la suerte corrida por sus seres queridos "desaparecidos". En Argentina, Cuba y México, seguían recluidas personas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional, así como en Perú, donde aproximadamente 200 personas condenadas por "terrorismo" sin las debidas garantías continuaban encarceladas. En el 2001 se produjo la excarcelación de dos presos de conciencia mexicanos, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, activistas ecologistas. No obstante, estas excarcelaciones no hicieron completamente justicia dado que no se reconoció su inocencia y no se abrió ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura. La defensa y promoción de los derechos humanos volvió a mostrarse como un empeño peligroso para la vida de los defensores y activistas de estos derechos, que se convirtieron en el blanco de acoso, amenazas y agresiones, en algunos casos con resultado de muerte, en países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana. En México, Digna Ochoa y Plácido, abogada de derechos humanos, fue asesinada en su oficina en octubre. En Colombia más de 100 sindicalistas fueron víctimas de homicidio, principalmente a manos de paramilitares respaldados por el ejército, y 10 periodistas fueron víctimas de atentados mortales a causa de su trabajo. En Guatemala, México y Haití los periodistas también fueron victimas de acoso y amenazas y, al menos, uno perdió la vida. En algunos países como Cuba y Haití se actuó contra los adversarios políticos del gobierno. Estados Unidos fue el único país de la región donde se llevaron a cabo ejecuciones, entre ellas las dos primeras ejecuciones federales desde 1963. Entre las 66 personas ejecutadas en Estados Unidos había algunas con problemas mentales y un preso menor de 18 años en el momento de la comisión del delito. En una resolución que supuso un hito, la Corte Internacional de Justicia falló que Estados Unidos había vulnerado las obligaciones que había contraído en virtud del derecho internacional al negar a Karl y Walter LaGrand, ciudadanos alemanes ejecutados en 1999, su derecho a comunicarse con su consulado. Siguieron dictándose penas de muerte en todos los países retencionistas de la región, si bien el cese de las ejecuciones en Cuba indicaba que hay en vigor una suspensión informal de este castigo. Aunque la mayoría de las violaciones de derechos, tanto las cometidas en el pasado como las actuales, quedan sin ser investigadas, se han registrado algunos avances en la lucha contra la impunidad. En marzo, en Argentina, un juez que investigaba la "desaparición" de tres personas en 1978 declaró inconstitucionales y nulas las dos leyes de "amnistía". En junio y julio, un juez federal argentino solicitó la detención de varios oficiales militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay por su participación en la "Operación Cóndor", un amplio plan de carácter regional caracterizado por las "desapariciones" sistemáticas. En una sentencia histórica dictada en Brasil, un ex alto jefe policial fue condenado por cargos relacionados con la matanza de 111 reclusos ocurrida en 1992 en la prisión de Carandiru, São Paulo. En el estado de Amazonas, 13 hombres, varios de ellos juzgados in absentia, fueron condenados por ordenar y llevar a cabo un ataque contra unos 100 indígenas ticuna, que se saldó con la muerte de 14 personas, entre las que había seis niños. En Guatemala, mientras dentro y fuera del país proseguían los esfuerzos por poner en manos de la justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos en gran escala cometidas en el pasado, tres agentes de las fuerzas armadas fueron condenados a 30 años de cárcel por el asesinato en 1998 del obispo José Gerardi. Sin embargo, la justicia tuvo un elevado precio: al menos nueve testigos murieron, decenas de testigos, abogados, jueces y fiscales de la causa fueron amenazados y acosados y muchos se vieron obligados a huir del país. En Perú se constituyó una Comisión de la Verdad para aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000. En junio se detuvo en Venezuela a Vladimiro Montesinos, ex jefe de las fuerzas de seguridad de Perú, acusado de violaciones de derechos humanos. En Chile , el ex presidente Augusto Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario por los cargos de "secuestro y/o homicidio calificado" cometidos contra 75 personas durante la operación militar de la "Caravana de la Muerte" llevada a cabo en 1973. El arresto domiciliario se levantó al reducirse los cargos de autor de los delitos a encubridor de los mismos. La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió temporalmente la causa por motivos de salud, aunque sigue pendiente tras la reclamación judicial interpuesta por los abogados de la acusación. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA Asia Y Oceanía Los abusos contra los derechos humanos aumentaron en muchos países de Asia y Oceanía, especialmente en el contexto de conflictos armados. Los atentados del 11 de septiembre y la necesidad de mayor seguridad se utilizaron para justificar la promulgación y aprobación de leyes severas en materia de seguridad en varios países como Singapur, Pakistán, India y Malaisia. En Afganistán, los ciudadanos corrientes sufrieron mucho a lo largo del año como resultado del conflicto y de las consecuencias acumuladas de años de sequía. Mientras los talibanes estuvieron en el poder, las minorías religiosas y étnicas fueron el blanco de homicidios en masa y se llevaron a cabo ejecuciones y amputaciones. La circulación, el empleo y la educación de las mujeres se restringieron gravemente. El Frente Unido (Alianza del Norte) también fue responsable de abusos contra los derechos humanos. Un número desconocido de civiles murieron o vieron destruidas sus casas o propiedades como consecuencia de la campaña de bombardeos dirigida por Estados Unidos. Este país y sus aliados quizá vulneraron las leyes de la guerra. En un incidente ocurrido el 29 de diciembre, un portavoz de la ONU informó de que algunos familiares habían identificado 52 cadáveres, entre ellos los de 25 niños, tras el bombardeo que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en un pueblo cerca de la localidad oriental de Gardez. Los informes diarios de muertes de civiles que iban llegando de Afganistán motivaron que Amnistía Internacional solicitara al gobierno de Estados Unidos que ofreciera explicaciones sobre las muertes pero no se ha recibido ninguna información. El trato dispensado a los presos capturados o que se habían rendido en Afganistán suscitó honda preocupación. Se recibieron informes según los cuales el Frente Unido había ejecutado sumariamente a combatientes capturados de Al Qaeda heridos o que se habían rendido. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación sobre los sucesos registrados en el fuerte de Qala-i-Jhangi, donde algunos presos fueron hallados muertos con las manos atadas a la espalda. El director de la prisión de Shibargan reveló en diciembre que 43 presos habían muerto a causa de las lesiones o asfixiados al ser transportados en contenedores de transporte. Tras el 11 de septiembre, todos los países vecinos cerraron sus fronteras a los refugiados y los programas de ayuda internacional se redujeron radicalmente, con lo que aumentó el número de desplazados internos. Al centrarse la atención pública mundial en la guerra de Afganistán, se presto incluso menos atención de la habitual a otros conflictos. Los civiles se vieron atrapados en los conflictos internos de Nepal, Sri Lanka, India, Filipinas y Myanmar. La "guerra popular" declarada por el Partido Comunista de Nepal (maoísta) en 1996 entró en una fase nueva más sangrienta tras el fracaso de las conversaciones de paz y la declaración del estado de excepción en noviembre. Ambas bandos han cometido secuestros, torturas y homicidios deliberados. El gobierno suspendió el derecho a la libertad de expresión y detuvo a decenas de periodistas, activistas de derechos humanos y abogados. Mientras tanto, los maoístas mantuvieron el control de una parte apreciable del país, dirigiendo "gobiernos populares" paralelos dotados de su propio sistema fiscal y con "tribunales populares". El conflicto en Cachemira, India, suscitó un interés pasajero de la comunidad internacional al enfrascarse los gobiernos de la India y Pakistán en un tenso fortalecimiento de sus fuerzas militares. Sin embargo, se prestó escasa atención a las más de cien víctimas civiles que morían al mes. El prolongado conflicto en Sri Lanka entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y el gobierno empeoró a partir de mayo. Aumentaron notablemente los casos de violación cometidos por la policía, el ejército y la armada y los casos de tortura se denunciaban prácticamente a diario. Los Tigres llevaron a cabo toma de rehenes y recurrieron al reclutamiento de niños soldados de forma generalizada. Los conflictos separatistas en las provincias indonesias de Aceh y Papúa empeoraron en el 2001 y centenares de civiles fueron víctimas de "desapariciones", homicidios ilegítimos y torturas. En ambas provincias se destruyeron viviendas y medios de subsistencia como forma de castigo colectivo por los ataques perpetrados por los separatistas armados contra la policía y el ejército. Los disturbios políticos paralizaron en la práctica al gobierno durante buena parte del año, obstaculizando el proceso de reforma en materia de derechos humanos y las iniciativas para resolver los conflictos. Se recurrió a leyes que habían sido utilizadas en años anteriores para silenciar a los disidentes, y amparándose en ellas se presentaron cargos contra activistas favorables a la independencia y se encarceló a otros por expresar pacíficamente sus opiniones. En el 2001 aumentaron en China las violaciones graves de derechos humanos. La campaña de mano dura contra la delincuencia provocó un aumento masivo de las ejecuciones: se consumaron al menos 2.468 de ellas. Se llevaron a cabo ejecuciones por delitos no violentos como soborno, proxenetismo, malversación, fraude fiscal, venta de alimentos nocivos y delitos de narcotráfico. Muchas ejecuciones se llevaron a cabo tras actos públicos de imposición de sentencias ante grandes multitudes. El 20 de abril se ejecutó a más de 200 personas tras la celebración de actos públicos de este tipo por todo el país. Prosiguió la represión de grupos espirituales y religiosos y de los activistas de derechos humanos mediante detenciones, tortura y encarcelamiento. Al parecer, unos 200 seguidores de Falun Gong murieron bajo custodia como resultado de tortura, mientras centenares de monjas y monjes seguían encarcelados en Tíbet. El gobierno chino utilizó la "guerra contra el terrorismo" para justificar la represión contra los "separatistas" de la etnia uigur alegando que estaban vinculados al "terrorismo internacional". Se detuvo a muchos presuntos separatistas y algunos fueron ejecutados. Centenares de solicitantes de asilo, posiblemente miles, que huían del hambre en Corea del Norte fueron devueltos a la fuerza para enfrentarse a un futuro incierto. En agosto, el gobierno australiano comenzó a enviar buques de guerra para interceptar a más de 1.800 "refugiados del mar" a los que se detuvo y negó el derecho a solicitar asilo en territorio australiano. La armada mandó de vuelta a unos 600 posibles solicitantes de asilo y varios centenares fueron desviados a islas remotas de los océanos Índico y Pacífico en lo que ha llegado a conocerse como el "arreglo Pacífico". Al menos otras 356 personas, entre ellas 70 niños, se ahogaron cuando su precaria embarcación se hundió en el trayecto de Indonesia a Australia. Ahmed al-Zalime, refugiado que vivía en Australia y cuyas tres hijas se habían ahogado en el incidente, no pudo visitar a su esposa en Indonesia, que había logrado salvarse, debido a que los visados temporales para refugiados concedidos por Australia prohíben regresar al país tras cualquier viaje al extranjero. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ASIA Y OCEANÍA Europa La tortura y los malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, a menudo contra los extranjeros o los miembros de las minorías étnicas, continuaron siendo frecuentes en Europa. Muchos gobiernos utilizaron los atentados del 11 de septiembre para, en nombre del reforzamiento de la seguridad nacional, tomar medidas que se tradujeron en violaciones de derechos humanos y en mayores restricciones a la libertad de expresión, de asociación y al derecho a recibir un juicio justo, así como en la limitación de los derechos de los solicitantes de asilo. La situación de los derechos humanos se deterioró en Macedonia al intensificarse durante la primera parte del año los combates entre las fuerzas de seguridad macedonias y los grupos armados de etnia albanesa. Se recibieron informes sobre homicidios indiscriminados de civiles a manos de las fuerzas de seguridad, mientras que al Ejército de Liberación Nacional, grupo armado de etnia albanesa, fue acusado de llevar a cabo secuestros y malos tratos de civiles. Entre marzo y agosto, más de 140.000 personas resultaron desplazadas, principalmente de pueblos que habían quedado bajo el control del Ejército de Liberación Nacional. En Bosnia y Herzegovina, decenas de miles de personas que deseaban regresar a sus hogares no pudieron hacerlo ante la total ausencia de garantías para su seguridad personal, además de la situación de discriminación a la que habían de hacer frente en materia de empleo, educación y protección social. Proseguían las actuaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y las investigaciones y procesamientos por crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos en los tribunales nacionales de Bosnia y Herzegovina y Kosovo fueron escasos, progresaron con gran lentitud y, en algunos casos, incumplieron las normas internacionales sobre la celebración de juicios justos. Croacia mejoró la colaboración con el Tribunal Penal Internacional, pero Yugoslavia todavía no había promulgado al acabar el año la ley sobre cooperación con ese tribunal. En junio, las autoridades serbias trasladaron al ex presidente Slobodan Milosevic a la custodia del Tribunal Penal Internacional. No obstante, seguían en libertad, y con frecuencia ocupando puestos de poder, otras muchas personas contra quienes el Tribunal había dictado auto de procesamiento. Tanto las fuerzas armadas chechenas como las rusas siguieron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario. Entre las violaciones cometidas por las fuerzas rusas figuran la reclusión arbitraria en centros secretos de detención y en fosas excavadas en el suelo, torturas y malos tratos, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas chechenas atacaron a los civiles que trabajaban en la administración local de Chechenia, no tomaron medidas para reducir el número de bajas civiles durante sus ataques y mataron ilegítimamente a los soldados rusos capturados. En otras partes de la Federación Rusa siguieron recibiéndose informes sobre torturas y malos tratos bajo custodia y sobre condiciones penitenciarias crueles, inhumanas y degradantes. El Reino Unido fue el único país europeo en desplegar a menores de 18 años en situaciones de conflicto armado. En el 2001, el Reino Unido desplegó a jóvenes menores de 18 años en Macedonia y durante la intervención militar en Afganistán. Se documentaron casos de tortura y malos tratos en un gran número de países europeos como Albania, España, Georgia, Lituania y Rumania. En Turquía la tortura, tanto a hombres como a mujeres y niños, siguió siendo una práctica frecuente y sistemática, la cual solía producirse en las dependencias de la policía y de la gendarmería inmediatamente después de la detención. Miles de presos recluidos en las prisiones "Tipo F" permanecieron en condiciones de aislamiento prolongado que constituían trato cruel, inhumano y degradante. En muchos países de Europa Occidental como Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia y Suiza los extranjeros y los miembros de las minorías étnicas, entre ellos solicitantes de asilo, sufrieron abusos y malos tratos por motivos racistas. La policía maltrató a personas de etnia romaní, y en muchos casos no las protegió frente a los abusos en Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Hungría, República Checa y República Federal de Yugoslavia. Amnistía Internacional siguió expresando su preocupación por el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Incidentes de este tipo se denunciaron en España, Italia y Suecia. En Italia se recibieron informes que indicaban que los agentes encargados de hacer cumplir la ley habían utilizado fuerza excesiva durante las grandes manifestaciones celebradas en Brescia, Nápoles y Génova, y que habían agredido de forma gratuita a numerosos manifestantes pacíficos. En julio del 2001, un agente de la fuerza pública mató a tiros a un manifestante durante las manifestaciones antiglobalización celebradas en Génova. Mientras, en Suecia, la policía había herido a tres manifestantes durante una manifestación celebrada en Gotenburgo en junio del 2001. En Bulgaria, las personas con incapacidad mental recluidas en instituciones públicas para recibir cuidados por un periodo indefinido fueron alojadas en dependencias muy precarias con condiciones higiénicas extremadamente deficientes. En ocasiones se las sometió a formas crueles de confinamiento y aislamiento. Al parecer, en algunos de esos lugares, la falta de cuidados médicos, calefacción y alimentos adecuados parecieron contribuir a que hubiera muertes. En el Reino Unido, la nueva legislación aprobada en materia de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos abrió la puerta a nuevas violaciones de derechos humanos. La Ley de Seguridad contra el Terrorismo y el Delito del 2001 se aprobó en diciembre tras menos de un mes de debate por el Parlamento y la opinión pública. Dicha ley permite al secretario de Estado ordenar la detención administrativa indefinida, sin cargos ni juicio y sin acceso a ninguna revisión judicial, de cualquier extranjero que sea considerado "presunto terrorista internacional y un riesgo para la seguridad nacional" en virtud de pruebas secretas. A lo largo de todo Asia Central aumentaron las acusaciones contra miembros de la población uigur respecto a sus simpatías e incluso apoyos a los movimientos islamistas de oposición. Los miembros de esta etnia habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y maltratados frecuentemente por las autoridades de países de Asia Central, como Kazajistán, y devueltos a China, donde tenían que hacer frente a nuevos malos tratos, torturas y pena de muerte. Se temía que en Uzbekistán, tras los atentados del 11 de septiembre, se incrementara la represión contra la oposición interna del país. En Kirguizistán aumentaron las detenciones de presuntos miembros de organizaciones islámicas prohibidas y las tensiones étnicas se exacerbaron. Tayikistán siguió manteniendo sus puertas cerradas para las personas que huían de Afganistán. En algunos países se devolvió a la fuerza a solicitantes de asilo tras ver rechazadas sus solicitudes en procedimientos carentes de las debidas garantías. Esto fue lo que ocurrió en Suecia cuando se devolvió a la fuerza a dos varones egipcios a pesar de que se temía que en Egipto corrían un grave peligro de sufrir tortura y de ser juzgados sin las debidas garantías. Según los informes, en octubre, la policía de Bosnia y Herzegovina deportó a dos personas con doble nacionalidad bosnia y egipcia a Egipto sin que mediara ningún procedimiento formal de extradición. En junio del 2001, en el curso del primer juicio celebrado en Bélgica basado en el principio de jurisdicción universal, cuatro ciudadanos ruandeses residentes en Bélgica fueron condenados a penas de cárcel por crímenes de guerra cometidos en el contexto del genocidio perpetrado en Ruanda en 1994. Al finalizar el año, en virtud de este principio legal se habían interpuesto denuncias contra dirigentes y miembros de gobiernos actuales y pasados de más de 15 Estados extranjeros ante los tribunales belgas. A pesar de estos progresos en la lucha contra la impunidad, Italia se negó a aplicar una orden internacional para que se procediera a la detención de un ciudadano ruandés residente en Italia al que se buscaba por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EUROPA Oriente Medio y Norte de África La situación de los derechos humanos siguió siendo grave en buena parte de Oriente Medio y del Norte de África, donde imperó la impunidad y a las víctimas y sus familiares se les continuaba negando justicia. Entre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en muchos países de la zona figuraban las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, el uso generalizado de la tortura y los juicios injustos, la intimidación a los defensores de los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión y de asociación. Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a más de 460 palestinos, entre ellos 79 niños y al menos 32 personas que fueron el objeto de asesinato selectivo. Los grupos armados palestinos mataron a 187 israelíes, de los que 154 eran civiles y al menos 36 niños. Miles de palestinos fueron detenidos, recluidos a menudo en régimen de incomunicación, a veces durante varios días, y, según informes, fueron víctimas de tortura y malos tratos. Las autoridades israelíes mantuvieron clausuras estrictas sobre pueblos y ciudades palestinas y al menos 350 viviendas palestinas fueron destruidas y 29 personas murieron debido a que se retrasó su acceso a los hospitales. Centenares de presuntos "colaboradores" de Israel y decenas de presuntos miembros de grupos armados de oposición fueron detenidos por la administración de la Autoridad Palestina. Siguieron siendo frecuentes los informes sobre torturas infligidas por varias fuerzas de seguridad palestinas y tres hombres murieron bajo custodia en circunstancias que sugerían que la tortura pudo haber contribuido a su muerte. En Argelia, donde se mantenía en vigor el estado de excepción impuesto en 1992, centenares de civiles, entre los que también había mujeres y niños, murieron víctimas de grupos armados que se definen como "grupos islámicos". Por su parte, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a decenas de civiles durante las manifestaciones antigubernamentales. Centenares de miembros de las fuerzas de seguridad, la milicia armada del Estado y de los grupos armados murieron durante los enfrentamientos armados. La tortura continuó siendo una práctica generalizada y siguieron denunciándose casos de detención en centros secretos. No se tomó ninguna medida concreta para aclarar la suerte corrida por unas 4.000 personas "desaparecidas" desde 1993, mientras que los cambios introducidos en el Código Penal amenazaban la libertad de expresión. La tortura se practica sistemáticamente en los centros de detención de todo Egipto, y las víctimas de estas prácticas y sus familiares siguieron denunciando ser objeto de acoso por parte de los agentes de seguridad. Los tribunales siguieron dictando frecuentemente sentencias de muerte. Se mantuvo recluidos sin cargos ni juicio a miles de presuntos simpatizantes de grupos islámicos prohibidos. Se detuvo a varias personas sospechosas de prestar apoyo a grupos islámicos. Además, las instituciones cívicas siguieron padeciendo restricciones legales, mientras que los defensores de los derechos humanos sufrieron intimidación y reclusión. En Irak, que seguía sometida a las estrictas sanciones económicas
impuestas por el Consejo de Seguridad desde 1990, se detuvo a decenas
de presuntos opositores al gobierno. La pena de muerte siguió aplicándose
ampliamente mientras que la policía seguía torturando sistemáticamente
a los detenidos. Decenas de personas fueron ejecutadas, incluidos oficiales
de las fuerzas armadas, y en algunos casos los cuerpos Los informes indican que los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses y británicas contra objetivos iraquíes se cobraron vidas de civiles. La población civil iraquí siguió padeciendo graves penurias como resultado de las sanciones. En el Kurdistán iraquí, controlado por dos partidos políticos kurdos, se mantenía recluidas a personas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional y, según los informes, los grupos armados islámicos llevaron a cabo secuestros y homicidios. En Túnez, las autoridades incrementaron su represión contra los defensores de los derechos humanos e intentaron reducir sus actividades de índole pacífica. Además, siguieron impidiendo que las organizaciones internacionales de derechos humanos pudieran vigilar la situación de estos derechos en el país. Tanto los presos políticos como los comunes siguieron siendo objeto de torturas y al menos una persona, según los informes, murió bajo custodia como resultado de tortura. Siguieron utilizándose varias medidas para ejercer presión sobre los familiares de los presos políticos e impedir que los ex presos políticos pudieran reanudar una vida normal. A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades al movimiento democrático, los grupos de derechos humanos y cívicos de Siria incrementaron su campaña contra las violaciones de tales derechos en el país. Aunque se dejó en libertad a decenas de presos políticos, se detuvo a decenas de personas por motivos políticos. La tortura siguió aplicándose de forma habitual contra los presos políticos. En Arabia Saudí se ejecutó al menos a 79 personas y más de cinco mil refugiados iraquíes siguieron viviendo en el campo de Rafha prácticamente como presos. Continuaron las detenciones de presuntos activistas políticos y religiosos y la situación legal de los detenidos se mantuvo rodeada de un velo de silencio. El gobierno no tomó ninguna medida concreta para abordar la cuestión de la discriminación en la ley y en la práctica. En Líbano se detuvo y recluyó a centenares de personas
por motivos políticos, mientras que centenares de presuntos miembros
de la antigua milicia que actuaba como representante de Israel, el Ejército
del Sur del Líbano, siguieron siendo juzgados en vistas sumarias
ante tribunales militares. Al menos ocho personas fueron Al menos cinco hombres fueron condenados a muerte en Kuwait, y dos hombres y una mujer fueron ejecutados. Según los informes, tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, decenas de personas permanecieron recluidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Según los informes, algunas de ellas fueron entregadas a las autoridades estadounidenses para seguir siendo interrogadas. En Libia, decenas de presos políticos fueron puestos en libertad, si bien centenares de personas, entre ellas algunas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional, continuaron encarceladas sin cargos ni juicio. La libertad de expresión siguió padeciendo graves restricciones y se recibieron nuevos informes sobre torturas y malos tratos infligidos en años anteriores que no habían sido objeto de investigaciones exhaustivas e imparciales. Siguieron dictándose penas de muerte. Continuó sin esclarecerse la suerte de personas que habían "desaparecido" en años anteriores. En Marruecos, a pesar del compromiso manifestado por las autoridades de abordar todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, el hecho de que no se hubiera puesto en manos de la justicia a los responsables de tales violaciones siguió constituyendo uno de los principales motivos de preocupación. Prosiguió el proceso de indemnización a las víctimas de "desaparición" y detención arbitraria en años anteriores y a sus familiares. No obstante, las autoridades siguieron sin aclarar los casos de varios centenares de personas, la mayoría de ellas saharauis, que habían "desaparecido" entre los años sesenta y principios de los noventa. En Omán se anunciaron cambios judiciales y legislativos que podrían repercutir favorablemente en la situación de los derechos humanos, y se tomaron medidas importantes para promover y proteger los derechos humanos en Bahréin, entre ellas la excarcelación de presos políticos y el regreso de muchas personas a las que había exiliado a la fuerza. En Jordania se detuvo a centenares de personas por motivos políticos y se recibieron informes de tortura y malos tratos infligidos a los detenidos por parte de agentes de los servicios de seguridad. Los presos políticos continuaron siendo juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado. Hubo al menos 19 homicidios familiares o de "honor" y al menos nueve personas fueron ejecutadas en el 2001. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE ÁFRICA
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